La Ertzaintza gastó en 2013 un 75% más en fondos reservados que el año anterior. Utilizó un total de 350.000 euros, frente a los 200.000 que había gastado en 2012. En ambos casos, fue menos que los 500.000 inicialmente presupuestados.

El incremento es muy significativo, aunque debido al secreto que protege esta partida económica, resulta imposible saber a qué pudo deberse.

Esta subida de 150.000 euros rompió también las propias previsiones que había realizado inicialmente el Departamento de Seguridad. El proyecto de presupuesto para 2013 redactado por el Gobierno de Iñigo Urkullu contemplaba 200.000 euros para la partida de gastos reservados. Como el Ejecutivo retiró el proyecto, la prórroga de las cuentas de 2012 elevó ese presupuesto a 500.000 euros, por lo que pudieron gastarse finalmente los 350.000.

De haber salido adelante el proyecto inicial del Gobierno de Iñigo Urkullu, semejante gasto no podría haberse efectuado sin el consentimiento expreso del Parlamento de Gasteiz y, por tanto, dando cierta publicidad al cambio. La ley de control de estos fondos establece que cualquier incremento presupuestario debe contar obligatoriamente con el consentimiento de la Comisión de Interior de la Cámara autonómica, tras un informe de su subcomisión encargada de esta materia.

Evolución de los fondos

Después de haber gastado 350.000 euros en fondos reservados en 2013, el presupuesto para este año es de 250.000 euros. En la última liquidación mensual aparece ya el gasto de 50.000 euros, que se realizó el pasado mes de febrero.

Esta partida de 250.000 euros prevista para este ejercicio es la más baja de las últimas décadas.

Desde los años noventa hasta 2012 (con el fin de la lucha armada de ETA) la partida destinada a gastos reservados se había mantenido en torno a los 1,15 millones de euros o su equivalente, 192 millones de pesetas.

Aunque el presupuesto era ese, en el año 2011 se gastaron 655.544 euros. Al año siguiente ya se redujo la partida a 500.000 euros, de los que se usaron 200.000.

Inicialmente, el presupuesto de gastos reservados estaba dividido entre Lehendakaritza, que tenía una partida de 19 millones de pesetas, e Interior, que administraba los 173 millones restantes. A partir de 1995, todo el fondo para esta materia pasó a Interior.

Sin embargo, no fue hasta 1997 cuando se fijó un mínimo control parlamentario sobre el uso de estos fondos. Con anterioridad, el PNV se opuso de forma rotunda a cualquier indagación sobre su uso. En un acalorado debate parlamentario de 1995, José Antonio Ardanza afirmó que «o se cree o no se cree en mí», tras indicar que los argumentos de quienes piden control dejan «al lehendakari y al consejero de Interior como presuntos delincuentes».

El portavoz jeltzale, José Antonio Rubalkaba sentenció que «es peligrosísimo pretender saber quiénes son los confidentes y a quiénes se paga» y, con sorna, preguntó si habría que pedirles factura.

La Ley indica que estos fondos deben destinarse «a sufragar la realización de actividades u operaciones confidenciales relacionadas con la prevención y represión de la criminalidad y la investigación de delitos».

Una comisión de seis parlamentarios recibe dos veces al año información de la consejero de Seguridad sobre su uso, sobre la que debe guardar secreto. EH Bildu no participa en ella, y reclama su desaparición, porque cree que «la opacidad está en la base misma de su existencia y, por consiguiente, no es más que un instrumento para evitar el control público sobre la gestión que el Departamento de Seguridad hace del dinero del conjunto de la ciudadanía».