Dos policías locales patrullan a pie por la calle Diputación, y un coche patrulla está apostado en la calle Postas, junto al cruce con la plaza General Loma. La escena se repite en la calle Dato, en la plaza del Arca y en la plaza Nueva, donde varios agentes custodian la entrada de la Casa Consistorial. Este despliegue, al que se suman un nutrido grupo de ertzainas, se repite todos los días en el centro de Gasteiz para hacer frente a un nuevo enemigo, escurridizo y veloz, que trata de quebrantar la ley impuesta por el Gobierno local. Se trata de los ciclistas urbanos, que desde el pasado mes de enero tienen restringido el acceso a las calles peatonales del Ensanche. La presencia de las dos ruedas queda terminantemente prohibida de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 21.00, en invierno, y a 22.00 en verano. Las personas que se atrevan a circular en bicicleta por las calles del centro de la capital alavesa a esas horas, o por las aceras estrechas del resto de la ciudad, podrán ser sancionadas con una multa de 45 euros, tal como les ha ocurrido a 68 ciclistas, castigados por incumplir la ordenanza de tráfico municipal.

Esta polémica norma, cuya aplicación se hizo efectiva el pasado 11 de abril -hasta entonces los agentes se limitaban a informar a la ciudadanía de las posibles sanciones-, ha marcado la XIII Semana de la Bicicleta, que durante estos días oferta numerosas actividades en los centros cívicos de Gasteiz, donde se organizan talleres, conferencias y salidas nocturnas en bicicleta. Sin olvidar los cursos de seguridad, que, gracias a la ordenanza y al decreto de Alcaldía, han cobrado una importancia vital, ya que muchos ciclistas, acostumbrados a circular por las aceras, no se atreven a convivir con los automóviles en la calzada o a transitar por el trazado del tranvía. Las dos opciones existentes para poder cruzar el centro de la urbe.

La falta de alternativas seguras para atravesar las calles del Ensanche ha despertado el malestar de los grupos de la oposición, que critican y rechazan un decreto que atiende «a criterios de seguridad y de compatibilidad» con el objeto de «favorecer la movilidad ciclista» por la ciudad. El concejal del PNV Alvaro Iturritxa cuestiona los objetivos dispuestos por el primer edil, Javier Maroto, y propone dar «una vuelta» a una normativa que, tal como él mismo reconoce, «no está siendo positiva para la ciudad». A este respecto, destaca que el dato de sanciones impuestas durante el último mes evidencia que el decreto ha generado una situación «preocupante», «sin sentido».

En alusión a la falta de alternativas para circular en bicicleta, el edil jeltzale reconoce que muchas personas tienen «miedo» a los vehículos motorizados, que en muchos casos no respetan la velocidad estipulada en las «zonas 30». A su parecer, la «importante» presencia policial debería servir para mantener a raya a quienes circulan por las zonas peatonales de manera temeraria, sin respetar los derechos de los peatones. «Así no haría falta esta ordenanza», afirma tras advertir que, tal vez, habría que esperar un poco más antes de comenzar a sancionar a los ciclistas urbanos, cuya imagen se ha «criminalizado» gracias a las medidas del Ejecutivo local, en manos del PP.

En declaraciones a GARA, el portavoz municipal del PSE, Patxi Lazcoz, considera que el regidor derechista ha puesto en marcha un «mal» decreto. Un instrumento inútil, que ha dado pie a un «auténtico disparate». «La regulación de las bicicletas en los espacios públicos no se podía hacer utilizando criterios basados en la sanción, sino que tenían que haberse empleado medidas pedagógicas», relata el exalcalde, que recuerda que la creación y el diseño de alternativas para el tránsito de ciclistas era una «condición sine qua non». «Pero no se ha hecho pedagogía y no se han diseñado alternativas», añade con rotundidad.

Cuestionado por las sanciones impuestas hasta la fecha, Lazcoz matiza que la Policía Local no está aplicando a rajatabla la ordenanza municipal. «Cualquier persona que camine por el centro de Vitoria sabe que las sanciones son una mínima expresión», manifiesta en referencia a las personas que incumplen la normativa o recorren las calles de la ciudad sin luces y sin un timbre en el manillar de sus bicicletas. Dos dispositivos de uso obligatorio para poder circular por las calles de la capital alavesa.

Al igual que los representantes de PNV y PSE, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, considera que el Gobierno local debe replantearse el polémico decreto. El concejal soberanista, que hace hincapié en la necesidad de acabar con los comportamientos incívicos en las aceras y en las zonas peatonales, subraya que la área afectada por la restricción es demasiado extensa, y lamenta el retraso en el diseño de soluciones que faciliten el tránsito de ciclistas. Cabe señalar que el Ejecutivo municipal ha sacado a concurso esta semana la construcción de un bidegorri que conecte Portal de Arriaga con las calles Zapatería y Correría. Una alternativa que, para muchos usuarios de las dos ruedas, llega con seis meses de retraso.

A su juicio, los ediles del PP tenían que haber empleado el Foro de Movilidad para cerrar un acuerdo entre los ciclistas y los peatones. Dos grupos que, les guste o no, deben aprender a convivir. «Hay muchas personas que cogen la bicicleta para desplazarse por Gasteiz. Por eso hay que seguir trabajando, para lograr completar un mapa en el que se recojan las alternativas circulatorias existentes», reitera Fernández de Pinedo, que la semana pasada cargó contra el PP tras conocer que la empresa ganadora de un concurso convocado para gestionar el fallido sistema de alquiler de bicicletas reclama 180.000 euros al Ayuntamiento. «La improvisación a la que nos tiene acostumbrados el PP nos va a costar a todos los ciudadanos una importante cantidad de dinero», lamentó.

Estas criticas chocan con la valoración efectuada por el alcalde, que el jueves alabó la actuación de los agentes de la Policía Local, que, según explicó ante los medios de comunicación, realizan una labor «pedagógica» y no tienen una función sancionadora. «Explican las rutas seguras existentes para atravesar el centro y para evitar las aceras estrechas», destacó Maroto, que negó que se esté produciendo una «avalancha de multas y sanciones». En este sentido, aseguró que, a día de hoy, «podría haber 500 multas» y afirmó que, si solo hay 68, es porque el Consistorio trata de mantener «un equilibrio».

Asimismo, negó que su equipo de Gobierno haya iniciado una «caza de brujas» contra los ciclistas. «Yo no quiero tener muchas multas, sino muchos `bicicleteros' comportándose bien en las aceras, muchos peatones respetando a las bicicletas y muchos coches respetando las `zonas 30'», afirmó tras destacar que las multas se deben a que, «en ocasiones», hay ciclistas que infringen la normativa. O, tal vez, puede que esas personas se hayan encontrado con agentes que, en lugar de hacer una labor «pedagógica», han optado por sacar la libreta y sancionar con 45 euros a los infractores.

Asociaciones y empresas

La asociación Gasteizko Bizikleteroak tampoco comparte las medidas diseñadas por el Ejecutivo local. Su portavoz, Rubén Rodríguez, considera que el decreto se ha «quedado cojo», porque el Ayuntamiento no ha establecido pasos alternativos para cruzar la ciudad. «Para poder atravesar el centro tenemos que circular por las calles de la Almendra, o por las calles Florida o Manuel Iradier, que tienen una elevada densidad de tráfico», comenta. Conviene detallar que la restricción se extiende desde la Estación de Tren, situada en la zona sur, hasta la calle Portal de Arriaga, que conecta Alde Zaharra con los barrios del norte de Gasteiz; y desde la calle Paz, donde se ubica El Corte Inglés, a la calle Prado. Una vez dentro del cuadrante formado por estos límites, los ciclistas solo pueden pedalear por las laderas del Casco Viejo.

Además, Rodríguez opina que el Gabinete de Maroto debería mejorar la información a la ciudadanía, ya que, después de cinco meses, muchas personas desconocen las horas a las que no pueden circular sobre sus bicicletas por el Ensanche. En cuanto a las multas, reconoce que, «hasta ahora», muchos agentes de la Policía Local han actuado con cierta «flexibilidad». No obstante, cuestiona el importe de algunas de las sanciones, y critica que la multa impuesta a un menor por no hacer uso del casco sea similar a la que se aplica a un adulto por no utilizar el casco cuando circula en motocicleta.

El tejido empresarial también se ha visto afectado por las restricciones aprobadas por el PP. Oier Iñigo, uno de los responsables de Enbizi -una sociedad mercantil dedicada al transporte de mercancías y paquetería en bicicleta-, admite que el decreto, que, a su parecer, trata de resolver un problema inexistente, ha complicado su movilidad por las calles del centro de Gasteiz, lo que ha repercutido en su trabajo. Pese a las limitaciones y a las trabas, Enbizi, que hace tan solo unos días fue reconocida por la asociación Bizikleteroak como la «Mejor Iniciativa de Movilidad Sostenible del Año», seguirá pedaleando para realizar su trabajo.