Los vacíos del informe sobre desapariciones forzadas en el Estado español

Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó el Estado español del 23 al 30 de septiembre de 2013. Fruto de esa visita, el consiguiente trabajo es un informe que se hizo público hace unos días, en el que se analizan las iniciativas y medidas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, así como aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de las graves y masivas violaciones de los derechos humanos que aquí se cometieron durante el golpe militar y la posterior dictadura franquista. El informe finaliza con cuarenta y dos recomendaciones al Estado español y la invitación a que en el plazo de noventa días a partir de la fecha de presentación del informe, presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones.

Este informe y sobre todo sus recomendaciones han llevado a las organizaciones memorialísticas a exigir el cumplimiento de esas recomendaciones, sin ninguna duda cuestiones todas ellas importantes y de fuerte calado. No obstante, hay algunos temas soslayados por el informe o tratados de forma parcial y sesgada a los que nos referiremos seguidamente.

En primer lugar, el informe, como ya se ha dicho, se refiere a las violaciones de derechos humanos realizadas durante la «Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)». Sería necesario precisar que en julio de 1936 en el Estado español no se inició una Guerra Civil, sino que se trató de un levantamiento, un golpe militar, contra una república democráticamente elegida. El relato, la verdad y la memoria son partes importantes de todo derecho amparado por la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Si se empieza por tergiversar y difuminar el origen del conflicto, mal empezamos.

Por otro lado, si según el informe la dictadura franquista llegó hasta el año 1975, ¿por qué no se incorpora al apartado de «la verdad y la memoria» el papel jugado durante los 36 largos años de la dictadura por, por ejemplo, el Vaticano (firma del Concordato con el régimen de Franco en abril de 1953), o por los Estados Unidos de Norteamérica (Pacto de Madrid de 1953), o por las potencias occidentales (Gran Bretaña, Francia...) apoyando en los años cuarenta a través del Gobierno de Perón en Argentina al Gobierno español, o por las mismas Naciones Unidas, admitiendo su entrada en 1955? ¿Cuándo el Régimen de Franco pasó de ser un aliado del eje fascista Alemania-Italia a representar la primera trinchera contra el comunismo? Si la dictadura franquista se extendió durante tantos años, fue gracias al apoyo y colaboración de países occidentales tan importantes como EEUU, Inglaterra, Francia, etc. Sin olvidarnos de la Iglesia católica. ¿Cuándo se va a incorporar al apartado de la verdad la responsabilidad de esas potencias en la persistencia de la larga noche del franquismo?

Pero volviendo a la fecha de la supuesta terminación de la dictadura, en el año 1975 murió el dictador, pero eso no significó el fin de la dictadura. Desde 1976 y durante toda la década de los 80 continuaron muchas muertes violentas producidas directamente por los aparatos del Estado o por sus cloacas. Solo en Euskal Herria se superan las trescientas personas asesinadas de forma violenta durante esos años. La protección de la justicia universal, la verdad, justicia y reparación no llegan para esas víctimas. ¿Acaso no tienen derecho a ser reconocidos como objeto de una muerte injusta José Luis Cano (asesinado en 1976), Germán Rodríguez, Joseba Barandiaran (1978), Gladys Del Estal (1979), por citar a las más cercanas entre tantas personas asesinadas? La dictadura franquista se ha extendido hasta nuestros días, pues la mal llamada «transición» mantuvo intactos la judicatura y los cuerpos policiales del régimen. Vestigios de ese pasado franquista los vemos hoy día en sentencias judiciales donde se practica el derecho penal del enemigo, denunciadas incluso por componentes de la misma magistratura.

El informe dice que ha constatado que «España respondió a la violencia terrorista sin utilizar de manera sistemática la desaparición forzada». Sin embargo, la realidad nos dice que el Estado español ha utilizado de forma sistemática a sus cuerpos policiales y de forma «asistemática» a los GAL, Batallón Vasco Español, la Triple A, con más de ochenta muertos en su haber. ¿A partir de qué número se considera uso sistemático de la desaparición forzada?

Como se ve, queda mucho camino por desbrozar en el ámbito de la memoria en este país. Incluso los informes de Naciones Unidas adolecen de ambigüedad y lagunas, por ello se hace más necesaria que nunca la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo y sus consecuencias, a nivel internacional, con participación de todos los organismos de víctimas de la violencia del franquismo y del Estado.