España para los españoles

Hay expertos en Derecho que desde hace algún tiempo temen pronunciarse en público; sin embargo, en círculos privados mantienen una opinión que, de ser difundida, dejaría en entredicho el verdadero fundamento de un Estado de Derecho como el que agoniza en el Estado español. Su opinión mantiene, entre otras graves observaciones, que el lugar que corresponde socialmente al oficio de jurista es un discreto segundo plano. Dicen que no es conveniente que los jueces desplacen a los políticos de los rotativos, porque eso indica crispación social.

Algo parecido opinaba hace ya algunos siglos un jurista llamado Bártolo, que utilizaba con frecuencia el aforismo «ius ex facto oritur», algo así como «el Derecho nace de la vida». Con esto decía querer subrayar que el Derecho debe ir detrás de la vida, pues de lo contrario, ahoga y arruina la iniciativa social.

Desde hace unos años, todo análisis político que pretenda ceñirse al máximo a la realidad del presente, para intentar dibujar el futuro a medio plazo está obligado a un careo sin prejuicios con la gestión del franquismo.

Francisco Franco, hoy escasamente reconocido como dictador y terrorista, era también militar. Quizá por eso, y a pesar de carecer (como ahora) de la fuerza y entidad suficiente para defender sus fronteras, su Ministerio de la Guerra siempre estuvo presto y activo para combatir al «enemigo interno».

Hoy, con décadas de experiencia en una democracia detestable, gestionada por la misma genética política, nos encontramos con un Gobierno que carece de Ministerio de la Guerra, pero defiende y practica «acciones militares de carácter anticipativo». Con ello, superando a su predecesor y maestro, adopta como enemigo directo a la propia sociedad civil.

Lo que bien pudiera calificarse como sedimento político, fruto de las últimas décadas, muestra claras patologías que, de hecho, pudieran sorprender si no tuviéramos la certeza de que son eternas.

Antiguas herencias las unas, recientes otras, que como nos enseña la historia, hacen que sean perpetuos la ansiedad y objetivo prioritario del ser humano; la dominación.

En principio todo el mundo defiende lo propio como una opción entre otras. En cambio, cuando uno ocupa el poder, cuando se siente con autoridad o cuando se recrea en la propia verdad, pretende para sí la exclusiva de la razón y del acierto, tanto en las estrategias como en las acciones.

Se dice, no sin acierto, que quien sufre persecución tiene siempre mejor memoria que el instigador.

Hay procesos que parecen renovarse intactos en el transcurso de los siglos. Gestos que con las pequeñas diferencias propias del paso del tiempo, repiten matemáticamente el pasado. Son procesos que no fallan nunca, hoy les basta con señalar, con exigir desde sus páginas, para que quienes sienten el alivio de no ser ellos los acosados se sumen al acoso de la perruna jauría.

Desde sus páginas se filtra, cada vez de manera más eficaz y repugnante, la oleada totalitaria que invade el sur de Euskal Herria. Un infierno para los perseguidos y una vergüenza para quienes «todavía» se sienten aliviados.

Si leemos «sus diarios», podemos anticipar lo que va a suceder, pero ni el mundo de la iniquidad en que medran ni su esplendor guerrero han sido ni serán suficientes. Los perseguidos comprueban cómo la obscena crueldad de los adictos al régimen y la estupidez interesada y repugnante de los intelectuales los transforman en inquisidores. Todos saben lo fácil que es cegar a las masas.

Hoy es delito resistir, seguir creyendo en los valores personales y colectivos de un pueblo que no es el suyo. Aquellos que enarbolan como dogma democrático lo que no permite sino su propia identidad española, evitando que se ponga en duda la legitimidad de sus actos y creencias.

Solo en un régimen absolutista puede prosperar el que alguien con representación ministerial considere una guía democrática de comportamiento; señalar, acusar y acorralar a personas y colectivos ante la opinión pública sin el más mínimo rigor ni respeto alguno a la presunción de inocencia. Uno de los valores máximos que predica la Constitución que dicen defender.

Esto indica, además del talante belicoso y pendenciero de un régimen político como el actual, el profundo arraigo en la sociedad española del fanatismo y la indiferencia.

Cierto que hay motivos sobrados para haberlo hecho antes, pero creo que ha llegado el momento de pensar y decidir, tanto vascos como españoles, si los que actúan de este modo buscan el bien de la sociedad que dicen representar o simplemente están al servicio de las empresas que les financian y enriquecen.

El haber llegado al poder por vía democrática no garantiza nunca a nadie que la gestión de ese poder otorgado también lo sea. Y en el caso que nos ocupa no lo es en absoluto.

El PP, en su andadura gobernante, ha secuestrado la democracia. Hoy está situado en las antípodas de cualquier sistema que se asemeje a un régimen democrático. Con su credo totalitario, violento y exclusivista, demuestra que se siente cómodo gestionando la violencia que provoca y lo mantiene.

Toda esta serie de razones que expongo me hacen llegar a la más firme convicción de que la estrategia del PP necesita de la violencia política. No puede ser de otra forma. Quien niega la puerta a toda solución de diálogo, cuando se anula toda vía de negociación, solo quedan dos caminos; la sumisión por la opresión o la resistencia por la violencia. Es decir, se busca y provoca la violencia como acción política para intentar deslegitimar los derechos democráticos que subyacen tras ella. Ni más, ni menos.

He aquí mi sincera opinión ante esta gravísima situación, sin duda fruto de la adecuación que en el siglo XXI hace del franquismo el Partido Popular.

El intento de uniformizar la «España toda», sea como sea y cueste lo que cueste, puede tener un desarrollo inesperado para quienes tienen este objetivo. Puede darse lo contrario de lo que pretenden, esto es, que el censo español se vea notablemente disminuido a medio plazo. Aproximadamente en unos diez millones de ciudadanos. Una magnífica noticia.