Tras mencionar en varias ocasiones el «derecho a decidir», el lehendakari afirmó ayer que a él le «gusta más» el «derecho a consultar». Puede ser un detalle nimio. De hecho, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, no supo explicar después a qué se refería exactamente Iñigo Urkullu. Sin embargo, nadie corrige lo innecesario y cuando se cambia algo que parece intrascendente, como hizo el dirigente jeltzale, es porque entiende que no son una misma cosa.

Entrevistado en Radio Euskadi, el lehendakari apuntó ayer un par de ideas sobre su idea de consulta. Una, que la consulta no tiene por qué ser sobre la independencia. Criticó que los partidos de ámbito estatal lanzan la idea «equivocada» de que «el derecho a decidir o el ejercicio de consultar a los ciudadanos o ciudadanas llevara implícita la pregunta sobre la independencia». Y aseguró que aquí nadie ha planteado eso. De hecho, aclaró, la Ley de Consulta prohibida al Gobierno de Ibarretxe conllevaba dos preguntas y una era sobre ETA.

El lehendakari explicó que su reivindicación es que «el ejercicio del derecho sea al final después de un proceso de diálogo, negociación y acuerdo. Yo estoy hablando de un acuerdo en las instituciones vascas y que sea refrendado por la sociedad vasca». Lo que están planteando hoy por hoy el Gobierno de Lakua y el PNV es la elaboración de un nuevo estatus, es decir, una reforma estatutaria que conlleva un referéndum para su aprobación.

Las pretensiones de Iñigo Urkullu precisan de cambios en el entramado constitucional. Respondiendo a esta cuestión, fue cuando el lehendakari introdujo la matización entre decidir y consultar.

Afirmó que «es necesaria una reforma de la Constitución si se quiere abordar la institucionalización del derecho a decidir, o derecho a consultar, que me gusta más, derecho a consultar y a que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser consultados».

Un debate que no es nuevo

La diferenciación entre «derecho a decidir» y «derecho a consultar» no es nueva, y ya se produjo en el ámbito vasco en el periodo que se abrió desde el rechazo del nuevo Estatuto de 2004 y la fracasada consulta de 2008.

En un artículo de opinión publicado en GARA el 11 de junio de 2006, Rafa Díez Usabiaga advertía de que se pretendían confundir los dos conceptos, cuando «el derecho a decidir lleva implícito el reconocimiento de un sujeto político y el carácter vinculante del pronunciamiento aunque colisione con el ordenamiento constitucional de los estados. Al contrario, el derecho a consulta sería la capacidad administrativa de los actuales ámbitos institucionales de requerir la opinión de su ciudadanía, sin efectos legales vinculantes y, por supuesto, sin afectar a las soberanías y al mantenimiento del sujeto único español a través del modelo autonómico vigente».

Luego, en 2008, el PSE habló de una reforma estatutaria que incluyera el derecho a hacer consultas, como el recogido en el estatuto catalán y en el andaluz, lo que, como se está viendo, no conlleva el derecho a decidir.