OCT. 28 2014 Sentencia sin aplicación práctica contra Euskalerria Irratia El Tribunal Supremo de Madrid ha rechazado un recurso de Iruñeko Komunikabideak que impugnaba la transformación, realizada en 2010 por orden del director general de Comunicación del Gobierno foral. Una sentencia un tanto surrealista, ya que carece de aplicación práctica. Koldo LANDALUZE DONOSTIA Un nuevo episodio prolonga el culebrón que padece Euskalerria Irratia en su empeño por lograr el permiso de licencia que, de una vez por todas, pueda otorgar claridad a la situación de indefensión que padece. En esta oportunidad, se trata de un «eco» llegado del pasado y protagonizado por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Madrid que dictó a favor de Euskalerria Irratia una sentencia. Curiosamente, esta nueva sentencia carece de aplicación práctica, ya que se trata de un recurso de Iruñeko Komunikabideak que impugnaba la transformación, realizada en 2010 por orden del director general de Comunicación del Gobierno de Nafarroa, de dos concesiones de FM en régimen indirecto a Medios de Comunicación 21 y a la Universidad de Navarra, por licencias para la prestación del servicio. La adjudicación de ambas emisoras fue anulada por el TSJN y confirmada por el alto tribunal de Madrid en enero de este año. En un intento por aclarar esta discordancia, el director de Euskalerria Irratia, Mikel Bujanda, señaló a GARA que esta sentencia no es más que «una rama muy secundaria dentro de este proceso ya que actualmente el Gobierno Foral se encuentra en un proceso de creación de una nueva mesa para adjudicar estas dos frecuencias por segunda vez desde 1998». Bujanda quiso subrayar que todo lo que está aconteciendo en relación a Euskalerria Irratia «resulta un tanto surrealista y son producto de la indefensión que padece un medio que está siendo constantemente castigado desde el Gobierno foral», y recordó que «la administración foral está obligada a cumplir las sentencias judiciales» y por ese motivo, solicitó en su día al gobierno presidido por Yolanda Barcina que «se ocupe activamente de esta cuestión y asuma la tutela, porque el Parlamento tiene autoridad para que se ponga fin a este procedimiento inusitadamente largo». Aclarada esta necesidad, Bujanda definió el episodio del reparto de licencias como «un pucherazo, que en lugar de ser corregido ha ido repitiéndose de forma reincidente en 2005 y 2006». En relación a esta sentencia que llega fuera de tiempo o, al menos, es un escenario que no es acorde debido a que ha cobrado forma una nueva mesa que debería ser encargada de otorgar las nuevas licencia. El Supremo afirma que «es evidente que, al contrario de lo que sostiene la recurrente, se refiere a los concursos no resueltos, y en el caso enjuiciado el concurso sí se resolvió, aunque posteriormente haya sido anulado por sentencia».