El coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD), Joan Rigol, se solidarizó ayer con los periodistas tras una rueda de prensa que dejó algunas interrogantes abiertas: «Vais a tener que hilar muy fino al redactar esta noticia». «No lo sé», «este tema no se ha tratado» y «no puedo explicar más» fueron algunas de las muletas que el expresident del Parlament e histórico dirigente de Unió utilizó para dar largas y no detallar cuál será el papel concreto de la Generalitat durante la jornada de mañana.

«El Govern asume la responsabilidad hasta el final pero cede el protagonismo a los voluntarios», fue la ambigua frase con la que resumió el contenido de la reunión del PNDD, que ayer se reunió en el Parlament para hacer piña entorno al proceso participativo de mañana.

Pero, pese a la deliberada ambigüedad inicial, Rigol aseguró sin ningún asomo de duda que el Govern garantizará la apertura de institutos públicos para colocar las urnas y que la Generalitat ofrecerá cobertura legal a los voluntarios.

El coordinador del Pacto explicó algo que realmente ya se sabía y es que la «ejecución final» de la consulta quedará en manos de los más de 40.000 voluntarios inscritos para el 9N. Pero añadió que «el Govern asumirá su responsabilidad hasta el final» y que dará «amparo» a la convocatoria durante toda la jornada.

Por si alguien tenía dudas, por la tarde, el diario ``Ara'' aseguró que será la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la encargada de ofrecer las cifras de participación a lo largo de la jornada. Es decir, que no existe un traspaso de la convocatoria del 9N del Govern a la sociedad civil, tal y como se había especulado en días anteriores.

Así lo confirmaron a la salida varios de los presentes en la reunión, que aseguraron que el único acuerdo alcanzado por el PNDD es el que consta en un escueto documento hecho público al acabar. En él, las entidades del Pacto hacen «una llamada a todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya a participar el 9 de noviembre para afirmar nuestra convicción personal de responsabilidad del futuro político de nuestro país».

Dudas en Madrid

«Estamos llamados a participar todos y todas, sea cual sea la opinión política de cada cual», añade este texto, que también explica que las entidades adheridas al PNDD se unirán a la denuncia que cargos electos del país elevarán ante instancias internacionales contra el Estado español. Lo harán «por vulnerar el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político prohibiéndole cualquier sistema de consulta reconocido internacionalmente».

La ambigüedad de Rigol a la hora de explicar quién estará al mando del proceso participativo de mañana fue entendida en Catalunya como una puerta abierta a que el Gobierno español pueda trasladar a su parroquia que la convocatoria queda en manos de la sociedad civil y evitar así que los sectores más ultras le obliguen a movilizar a la Fiscalía en contra del 9N, algo que saben que podría resultar contraproducente. De ahí que, en los últimos días, varios ministros hayan reforzado la idea de que no actuarían si la consulta quedaba en manos de esta sociedad civil.

La posición del Govern, que mantiene el amparo institucional al 9N, dejó fría a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se limitó a recordar a Mas que «la prudencia no es mala consejera». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría no quiso detallar si el Gobierno o la Fiscalía emprenderán alguna acción legal, pero tampoco lo descartó. Consideró que quizá Mas considere estar «por encima del bien y del mal», pero le pidió que no obligue a ningún ciudadano «a incumplir la ley».

Más triunfalista se mostró el número tres del PP, Carlos Floriano, que aprovechando el aniversario del derribo del Muro de Berlín argumentó que «no podían haber elegido un momento peor para intentar levantar un nuevo muro en Europa». «Afortunadamente Mariano Rajoy lo ha evitado», añadió, denunciando acto seguido que «la democracia no se ejerce en fraude de ley y cajas de cartón, es algo mucho más importante».

El relato de Floriano, sin embargo, no tuvo eco en el unionismo de Catalunya, donde Sociedad Civil Catalana (SCC), la plataforma organizadora de la concentración del 12 de octubre, no dirigió sus dardos al Govern, sino al Gobierno español, al que reclamó que cumpla con sus «obligaciones constitucionales» y evite la «desobediencia» del Ejecutivo catalán. El vicepresidente de SCC, Joaquim Coll, pidió igualmente a la Fiscalía que actúe y retire las urnas. «Que el Govern acate y el Gobierno español haga cumplir la ley», concluyó tajantemente.

Como siempre, un paso más allá se situó la asociación ultra Manos Limpias, que acusó a La Moncloa de «lavarse las manos» y amenazó con llevar al Gobierno ante los tribunales.

Satisfacción soberanista

Los nervios del unionismo contrastaron con la satisfacción visible en las caras de los representantes de ERC, ICV-EUiA y la CUP, que certificaron que la convocatoria sigue como estaba preparada y confiaron en que el Govern «cumpla» su compromiso hasta el final.

Por ejemplo, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se mostró optimista de cara a mañana y aseguró que «ya no se trata de votar para ser independientes, sino de ser independientes para votar con normalidad».

El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, se mostró también convencido de que «habrá proceso participativo» tal y como estaba previsto, mientras que el diputado de la CUP David Fernández recordó que ninguna actuación impedirá que los catalanes vayan a votar mañana.

Así pues, a día de hoy todo está listo para que mañana miles de catalanes ejerzan, de manera simbólica -sin consecuencias jurídicas, pero sí un evidente impacto político- su derecho a voto a lo largo y ancho del territorio.

Las urnas, las papeletas y los ordenadores con el programa informático requerido están donde tienen que estar y los voluntarios ya saben cómo abrir los institutos y locales municipales que acogerán las urnas. Evidentemente, todo organizado por el Govern.

Solamente faltan los votos y a juzgar por las pistas que llegan, no serán pocos: 2,3 millones de personas han consultado por internet dónde les toca votar.