Una semana después de que agentes de la Guardia Civil les arrestaran, los doce letrados comparecieron ayer en Bilbo para valorar todo lo que ha rodeado a esa operación de la que destacaron su «carácter político y mediático». Ainhoa Baglieto, Kepa Manzisidor, Onintza Ostolaza, Alfonso Zenon, Amaia Izko, Arantza Aparicio, Jaione Karrera, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Atxarte Salbador, Haizea Ziluaga y Eukene Jauregi manifestaron que, a pesar de las medidas cautelares restrictivas dictadas por el juez Eloy Velasco, «no van a dejar sin defensa» a los presos.

En una comparecencia en el Colegio de Abogados de Bizkaia, Onintza Ostolaza y Kepa Manzisidor incidieron en que la redada, de la que tenían ya indicios desde junio de 2014, busca «intentar el aislamiento jurídico y político» de los presos, como -apuntaron- quedó de manifiesto con las declaraciones del ministro español de Interior al comentar «que había conseguido dejarles sin defensa». Esta iniciativa trataría de dificultar el apoyo jurídico que necesitan los prisioneros en la actual coyuntura política, donde requieren especialmente de los letrados para defender sus intereses.

«Nuestro compromiso es lo contrario, que sepan los presos que no se van a quedar sin defensa», manifestó Manzisidor. No lo tendrán fácil, ya que estiman que las medidas cautelares dictadas por el juez Velasco «pretenden, de facto, la imposibilidad de desarrollar su trabajo» debido a las «trabas» que se les imponen.

Los abogados explicaron que se les prohíben visitas a sus clientes y se bloquean cuentas particulares y de sus despachos profesionales, con lo que se dificulta aún más su trabajo. Kepa Manzisidor alertó de que las trabas impuestas suponen «una provocación al delito, ya que les obliga a actuar de la misma manera que nos imputa haber actuado hasta ahora».

Antes, agradecieron las muestras de afecto y solidaridad que han recibido desde que fueron apresados, asegurando que las piensan revertir ahora en la labor de asistencia que efectúan.

Los letrados incidieron en la ausencia de fundamento jurídico alguno que sustenta las acusaciones contra ellos y las tres personas que fueron encarceladas por orden del juez. Citaron diversas irregularidades que han detectado, en especial que desde junio de 2014, a través de un escrito que remitieron ellos al presidente de la Audiencia Nacional y de otros remitidos por los colegios de abogados de Bizkaia y Gipuzkoa, mostraron su disposición a declarar, aportar documentos o someterse voluntariamente a cualquier registro o diligencia en relación a la investigación que sabían que el juez y la Guardia Civil estaban desarrollando sobre ellos.

Incautación de expedientes

También mencionaron que en los registros de sus despachos no estuvieron en todo momentos los secretarios, por lo que los guardias civiles actuaron sin su supervisión. En este sentido, Kepa Manzisidor subrayó que a pesar de que el objetivo del operativo era la investigación de supuestos delitos económicos, han detectado que los agentes del instituto armado miraron «cientos de expedientes de carácter jurídico, vulnerando el derecho a la defensa de nuestros clientes y se han incautado -advirtió- documentos jurídicos pertenecientes a expedientes que tienen entre manos».

Los abogados tampoco han pasado por alto que las diligencias para comprobar si existió delito contra la Hacienda se iniciaron una vez que estaban en dependencias policiales, sin efectuar «las mínimas comprobaciones con caracter previo».

Asimismo, consideraron «poco explicable» que el auto por el que el juez ordenó el ingreso en prisión de Jon Mintegiaga, Fran Balda y Javier Carballido, de «quince folios», fuera redactado «en cinco minutos», lo que les lleva a deducir que el juez instructor «tenía dictada previamente la resolución». Manzisidor añadió que «tiene fecha posterior a la que en teoría se dictó» y coincide «con la que en principio estaba previsto que pasaran a disposición judicial», aunque luego se adelantó por las gestiones que llevaron a cabo abogados que les asistieron.