EH Bildu sostiene que la Ley Orgánica 7/2014 aprobada en noviembre por el PP sobre la transposición de la Decisión Marco europea del cómputo de condenas contiene tantas restricciones y condiciones que en la práctica viene a legalizar lo contrario de lo que pretende la UE, al tiempo que vulnera derechos reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con esta ley, se fuerza a que los presos cumplan dos veces la misma condena, una en el Estado francés y otra vez en el español.

Por ello, ha abierto una vía para que el Gobierno de Lakua presente un recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley Orgánica. En la comparecencia en la que EH Bildu anunció su propuesta, los parlamentarios Juanjo Agirrezabala y Julen Arzuaga aseguraron que su grupo «tiene la mano tendida al PNV para hacer juntos este camino». También señalaron que creen que el Ejecutivo autonómico no tendrá ningún problema en presentar el recurso de inconstitucionalidad, dados los posicionamientos públicos de sus repre- sentantes en contra la esta ley orgánica.

Lo estudiarán

Fuentes jeltzales señalaron ayer que todavía no habían valorado la propuesta, que pasará el próximo martes por la Mesa del Parlamento. Por su parte, desde el Departamento de Justicia y Administración Pública se señala que deben esperar al trabajo parlamentario y al texto que finalmente pueda aprobarse en la Cámara.

EH Bildu defiende la presentación del recurso de inconstitucionalidad en la necesidad de ir más allá de la mera crítica pública, puesto que el PP, apoyado exclusivamente en su mayoría absoluta, aprobó una ley que en lugar de trasladar a la legalidad del Estado español lo dispuesto en al Decisión Marco europea, contradice su espíritu y sus objetivos. Por sus intereses políticos, «viola de modo arbitrario derechos fundamentales de las personas presas, tales como el derecho al acceso a la libertad y a la seguridad jurídica, el principio de jerarquía normativa, el principio de irretroactividad, el de legalidad y, en la medida en que se diseña para un colectivo de personas concreto, el derecho a la igualdad».

Agirrezabala y Arzuaga enmarcaron este nuevo paso del PP en el contexto de decisiones como la persecución penal de la solidaridad y la defensa legal de los presos, en la fabricación de nuevas imputaciones y en las presiones a los jueces, que le llevan a decir que «el Reino de España es enemigo de la convivencia y la normalización demo- crática».