MAR. 20 2015 Vulneraciones de derechos de los presos vascos La opción de preguntar a Europa sobre el descuento de penas se aleja en la AN Como ocurrió en el Supremo, la Audiencia Nacional ha decidido que sea el Pleno de lo Penal el que determine si se presenta o no una cuestión prejudicial en Luxemburgo sobre el litigio de la acumulación de condenas. De momento, por tanto, la Sección Tercera no preguntará. R.S. DONOSTIA El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha conseguido paralizar la intención de la Sección Tercera de preguntar directamente a Europa cómo debe aplicar la cuestión de la acumulación de condenas. La cuestión es esencial, porque en la situación actual solo una aclaración directa por parte del Tribunal de Luxemburgo parece capaz de evitar que los tribunales españoles estiren en cadena las condenas de los presos vascos pasando por encima de lo que estableció Europa ya en 2008. El litigio ha dividido a toda la judicatura en las instancias en las que se están abordando ya estos casos: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Los magistrados han quedado abocados a elegir entre la clara decisión marco europea (que establecía que deben descontarse los tiempos de condena cumplidos antes en otros estados) y la artimaña construida por el PP el año pasado para evitarlo. A través de los recursos de la Fiscalía contra los casos de Kepa Pikabea, Santi Arrozpide o Alberto Plazaola, el Gobierno español ha conseguido ya que el Supremo acate esa trampa legal, pero en la Audiencia Nacional las reticencias son esta vez mayores. Lo demuestra por un lado la decisión de la Sección Primera que en diciembre pasado liberó a Arrozpide (reencarcelado luego en enero) y Plazaola (contra quien se dictó orden de prisión el pasado día 10). Y a ello se le suma la disposición adelantada por la Sección Tercera de reclamar una aclaración directa a Luxemburgo, por la vía de la cuestión prejudicial, una fórmula que debe ser respondida «con la mayor brevedad». Esta Sección Tercera había indicado su voluntad por escrito, en uno de los cinco casos de presos vascos que está tramitando en la actualidad. Y en la Sección Primera existían igualmente magistrados dispuestos a recabar directamente la opinión de Europa. Ello pone en un brete al Gobierno español, dado que la instancia judicial europea podría emitir una opinión contraria a su argucia sin necesidad de esperar a los recursos de los afectados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tardan años en resolverse, como quedó en evidencia en el caso análogo de la «doctrina Parot». Conocedor de esta circunstancia, Grande-Marlaska sondeó la pasada semana a los jueces de la Sala de lo Penal, un total de diecinueve, sobre la conveniencia o no de que fuera el Pleno quien decida si acudir a Luxemburgo o no. Según reveló ayer ``El País'', trece de los diecinueve se han mostrado conformes, por lo que así se hará y de momento cualquier apelación directa por parte de alguna sección se paraliza. Evidentemente ello bloquea y quizás frustre definitivamente la opción de la cuestión prejudicial. De hecho, los seis magistrados del denominado «sector progresista» votaron contra esta elevación al Pleno: Ramón Sáez, José Ricardo de Prada, Javier Martínez Lázaro, Manuela Fernández de Prado, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri. El Supremo también tuvo sobre la mesa la posibilidad de esta cuestión prejudicial, pero la descartó. Y eso que la división entre sus magistrados sobre el criterio válido resultó muy evidente en el caso de Pikabea (nueve apoyaron la treta del PP mientras seis se decantaban por la decisión marco europea). No se informa por ahora de cuándo se reunirá el Pleno. Quince meses en Luxemburgo, años en Estrasburgo El mecanismo de la cuestión prejudicial ha sido utilizado por los tribunales españoles en otros casos con total normalidad y planteándolo como iniciativa positiva, y por supuesto sin necesidad de reunir a plenos de jueces como ocurre ahora en Supremo y Audiencia Nacional en el caso de los presos vascos. Así, fue muy conocida y alabada la decisión de preguntar directamente a Luxemburgo con qué criterios se debía reconocer el «derecho al olvido» en internet. La Audiencia Nacional planteó la cuestión al Tribunal de Justicia europeo, que fijó unos principios que ya se están aplicando en el tribunal especial español en unas cuantas sentencias. Por lo que respecta al Supremo, el pasado mes de febrero se dirigió directamente a Luxemburgo para que le aclarara una directiva del Parlamento Europeo relativa a la propiedad intelectual. La Fiscalía no lo veía necesario, pero los jueces de la sala correspondiente se decantaron por preguntar a Europa. Cualquier tribunal puede apelar a Luxemburgo. Cabe recordar al magistrado catalán José María Fernández Seijo, que se dirigió directamente al Tribunal de Justicia europeo para que aclarara la doctrina en materia de desahucios y logró que, en marzo de 2013, Luxemburgo pusiera en cuestión varios aspectos de la legislación española en materia de ejecuciones hipotecarias. Esta vía es sustancialmente más directa que la de los recursos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para los que es necesario agotar previamente toda la escalera de la jurisdicción estatal (en el caso de los presos vascos, Audiencia Nacional primero, Supremo luego y Constitucional finalmente). Y en consecuencia, la cuestión prejudicial resulta igualmente mucho más corta. Según datos de 2014, Luxemburgo responde a las cuestiones planteadas en una media de quince meses de plazo. Estrasburgo necesitó más de siete años para anular la «doctrina Parot»: de 2006 a 2013. R.S. «Otegi libre, presos vascos a casa», el martes en Bruselas «Declaración Internacional por la libertad de Arnaldo Otegi, presos vascos a casa». Este es el nombre de la iniciativa que se presentará el martes en el Parlamento Europeo, durante el acto que ha organizado Friendship coincidiendo con el quinto aniversario de la Declaración de Bruselas. Por el momento no se conocen más pormenores sobre el texto y sus firmantes, pero el lanzamiento de la campaña se anuncia ya en la convocatoria enviada ayer a los medios por el intergrupo de eurodiputados en apoyo al proceso de resolución en Euskal Herria. En ella se fusiona la reivindicación de solución para la cuestión de todas las personas presas con la demanda de libertad personalizada en Otegi por su referencialidad. El evento del martes, que comenzará a las 16.00 en Bruselas y del que NAIZ y GARA darán cumplida y puntual información, tendrá una primera parte en la que intervendrán el facilitador sudafricano Brian Currin y la exdiputada europea Frieda Brepoels. Se trata de las mismas dos personas que el 29 de marzo de 2010 enunciaron la llamada Declaración de Bruselas, suscrita por importantes líderes internacionales en apoyo al proceso vasco. Aquel mensaje fue el primero que hizo visualizar en el ámbito internacional la oportunidad abierta, apenas un par de meses después de que las bases de la izquierda abertzale aprobaran la declaración ``Zutik Euskal Herria''. El texto se refería expresamente a la necesidad de solucionar «el último conflicto en Europa» y animaba tanto a ETA como a los gobiernos español y francés a implicarse. Todo ello se recordará en el acto de este martes en Bruselas, tras lo que se lanzará la iniciativa internacional que en inglés lleva como título ``Free Arnaldo Otegi & Bring basque political prisoners home''. GARA