Hace unos días, el departamento de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa dio a conocer los servicios que deberán dar las empresas que consigan la concesión de varias líneas de transporte de viajeros por carretera de Donostialdea y Tolosa.

Las personas que habitualmente usan esas rutas, mujeres la mayoría, han acogido con sorpresa la reducción drástica de prestaciones que propone la Diputación. Sorpresa inicial que se ha transformado en indignación. Muchas han sido las alegaciones que se han presentado a los planes forales.

Posiblemente la estrategia del departamento de Movilidad sea escandalizar ahora con un recorte brutal para, posteriormente, acometer una reducción de servicios mucho más modesta. Así, las y los afectados verán el resultado final, no a la luz de las prestaciones actuales sino de cómo hubieran quedado de haberse aplicado el plan foral.

Recortar en transporte públicos reduce los desplazamientos de las personas con menos movilidad, muchas mujeres mayores. Además induce el uso del transporte privado. Es una política claramente antisocial, al tiempo que insostenible. Y además recorta puestos de trabajo.

Considerando el empleo, la reducción también afecta a las mujeres, cuya presencia como conductoras de autobuses está normalizada desde hace años, aunque quedan algunas rutas regulares de autobuses en las que todos –absolutamente todos– los conductores son hombres. Cualquiera diría que es un caso claro de discriminación, pero ¿por qué nadie dice nada al respecto?