El consorcio formado por el Grupo CAF y la constructora Saphir ha sido seleccionado por la autoridad JTMT (Jerusalem Transportation Masterplan Team) como adjudicatario del proyecto del tren ligero de Jerusalén. El volumen total de la operación supera los 1.800 millones de euros.

Tal y como informó ayer CAF en una nota, el proyecto es público-privado e incluye la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 nuevas estaciones y varios depósitos, que engloban tanto la extensión de la actual Línea Roja en 6,8 kilómetros, como la construcción de la nueva Línea Verde que contará con 20,6 kilómetros de recorrido. Asimismo, el contrato incluye el diseño y suministro de 114 nuevos tranvías para la nueva Línea Verde y la rehabilitación de las 46 unidades que dan servicio en la Línea Roja.

CAF y Saphir también se encargarán del suministro de los sistemas de señalización, energía y comunicaciones, así como de la operación y el mantenimiento de ambas líneas. El importe de la parte del suministro para el Grupo CAF supera los 500 millones de euros, a lo que hay que añadir la participación del 50% en la sociedad SPV que gestionará la actividad de operación y mantenimiento de las dos líneas y cuyo volumen de negocio se estima en 1.000 millones de euros.

Está previsto que el proyecto se inicie este año y que la nueva red se encuentre completamente operativa en 2025.

Este consorcio, denominado TransJerusalem J-Net Ltd, resultó seleccionado frente al otro grupo licitante, formado por las empresas Shikun & Binui y Egged (Israel), CRRC (China), Comsa (Estado español), Efatec (Portugal) y MPK (Polonia).

En la actualidad, la Línea Roja del tranvía tiene 13,8 kilómetros y dispone de 23 estaciones. Fue inaugurada en 2011 y transporta una media de más de 145.000 pasajeros al día. CAF indicó que el proyecto «ayudará a dotar a la ciudad israelí de una más eficiente y completa red ferroviaria para el transporte de todos sus habitantes».

Expropio de la tierras

Tras conocer esta noticia, LAB criticó que CAF ha hecho «oídos sordos» a sus trabajadoras y trabajadores, que a comienzos de año solicitaron por unanimidad a CAF que abandonara el proceso de licitación para la adjudicación del proyecto por considerar que vulnera la legalidad internacional. En las próximas semanas el comité se reunirá para dar una respuesta unitaria a esta decisión.

LAB censuró el camino emprendido por CAF, «no solo por hacer oídos sordos a sus trabajadoras y trabajadores, sino también porque el propio proyecto no respeta la legalidad internacional ni los derechos humanos». Concretamente, «expropiarán terrenos palestinos para construir el tranvía de Jerusalén y enlazar así el territorio con colonias ilegales».

El sindicato defendió que cualquier proyecto de tranvía en Jerusalén debe contar con «el apoyo de los legítimos representantes del pueblo palestino, y, en este caso, el proyecto es totalmente rechazado por la parte palestina».

«Fuerte rechazo»

El pasado enero, el comité de empresa de la planta de Beasain instó a la dirección de la compañía a «renunciar» al proyecto de tranvía planteado para Jerusalén por el Gobierno de Israel teniendo en cuenta que había suscitado una «gran polémica internacional». «Existe un consenso general sobre la ilegalidad del proyecto, tanto por su trazado, como por ser discriminatorio al ser de uso exclusivo de colonos en tierra palestina», subrayó en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores consideran que «cualquier proyecto de tranvía, de cualquier ciudad del mundo y, por supuesto, de Jerusalén» debe realizarse «respetando los derechos humanos y la legalidad internacional».

Añadieron en la nota que no entienden «qué puede aportar en positivo a CAF realizar trabajos en contra de la legalidad internacional, de la ética y de la solidaridad» y cuya ejecución supondría además «un fuerte rechazo social tanto en Euskal Herria como en el mundo».

Carta a las accionistas

El Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) suscribió este pasado junio la carta impulsada por distintas organizaciones y que se dirigía al accionariado de CAF. En la misma subrayaban que los asentamientos israelíes de Cisjordania vulneran el derecho internacional, tal y como ratifican repetidas resoluciones de Naciones Unidas (como la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), así como la Convención de Ginebra, entre otros. Indicaban que por todo esto, numerosas empresas internacionales se habían descolgado del proceso de licitación del tranvía de Jerusalén. Fue el caso de la canadiense Bombardier, la australiana Macquarie, la alemana Siemens y la francesa Alstom. Systra, una filial de la empresa ferroviaria estatal francesa SNCF, ya renunció a la competición el año pasado.

Un consorcio griego finalmente tampoco presentó su oferta. Citty-Pass, la compañía que tenía la explotación de la línea Roja, también renunció.

Según destacaban en la carta, el «complejo panorama de vulneraciones de derechos humanos» hizo que el número de ofertas para la expansión del tren ligero se redujera de siete a solo dos; una involucraba al CRRC de China y la otra, a CAF.

El Código de Conducta de CAF

En la misiva dirigida al accionariado de la empresa de Beasain, organizaciones como Adeco, Baskale Elkartea, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Mundubat, Sodepaz o Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) quisieron llamar la atención sobre «las graves vulneraciones del derecho internacional» que supone este proyecto. «Podría hacer que la empresa incurra en la prestación de ayuda material para la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad».

Agregaron que este tranvía tampoco es compatible con el Código de Conducta de la propia CAF, que proclama su compromiso en todos los territorios en los que desarrolla sus actividades con la «adopción de medidas que garanticen el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales, los principios de igualdad de trato y de no discriminación».

En la carta se concluye que la participación de CAF en la construcción de este tren ligero que conecte Jerusalén con los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado supondría «una clara vulneración de la Convención de Ginebra, de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas y del dictamen de la propia Corte Internacional de Justicia, además de contradecir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos del consiguiente Plan Nacional de Acción del Gobierno del Estado español y el propio Código de Conducta de su empresa».

Por todos estos motivos, las organizaciones reiteraron su petición de que CAF se retirara de este proyecto que «solo contribuiría al expolio de tierras palestinas, a la expansión de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y a graves y flagrantes vulneraciones de derechos humanos».