Cuando aún no se habían apagado los ecos de la denuncia de la oposición en el Parlamento de Gasteiz por la continuidad en la sociedad pública Hazi de Alfredo de Miguel, condenado por la Audiencia Provincial de Araba por corrupción, el Tribunal Supremo español ratificó ayer, con ligeras rebajas, las condenas a De Miguel y a los también exburukides Koldo Ochandiano y Aitor Telleria. Los condenados, según la sentencia del Supremo, utilizaron su condición de miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y «su compañerismo político con cargos relevantes de la administración autonómica y municipal», miembros de ese partido, para lograr la adjudicación de contratos a empresarios a cambio de una comisión, y con el fin de encubrir esos cobros, crearon un entramado de sociedades que facturaban servicios inexistentes de las empresas favorecidas.

A nadie se le escapa la pertenencia al mismo partido político tanto de los creadores de la trama como de los facilitadores de las concesiones fraudulentas, y llama la atención el desconocimiento de las mismas en su seno. Tras la sentencia de la Audiencia de Araba de diciembre de 2019, el actual presidente del PNV afirmó que el principal perjudicado es su partido. Es de suponer que el caso perjudica al PNV en mayor o menor medida, al menos su imagen; ahora bien, ese partido no ha hecho demasiados esfuerzos para difuminar esa mala imagen. En octubre de 2010 el Parlamento de Gasteiz acordó crear una comisión de investigación y el PNV se abstuvo; en mayo de 2012, esa comisión aprobó un dictamen en el que se atribuían responsabilidades políticas a excargos del PNV relacionados con la trama, con el voto contrario de los jeltzales.

El mes pasado el PNV presentó las conclusiones del proceso de «escucha activa» “Entzunez eraiki”, según una de las cuales ese partido debe contrarrestar su «imagen de amiguismo». Sin embargo, la percepción social no parece ser su principal problema. La mera imagen difícilmente puede facilitar un caso de corrupción de las dimensiones del llamado “caso De Miguel”, pero sí la práctica extendida que trasluce la trama, recogida en la sentencia dada a conocer ayer.