«Al Gobierno de Iván Duque le importan muy poco los informes y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos», resalta el abogado del Equipo Jurídico Pueblos Leonardo Jaimes en relación al crítico informe emitido en junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión contra las movilizaciones que estallaron en Colombia el 28 de abril de 2021. En entrevista a NAIZ valora el alcance del Paro Nacional, al que prefiere llamar «levantamiento popular», y el tratamiento a la protesta por parte del Gobierno. También analiza lo que está ocurriendo en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, donde las alertas por los altos niveles de violencia se suceden cada día.

¿Qué supuso el 28 de abril?

Colombia vivió un momento histórico el 28 de abril de 2021. Algunos lo han llamado Paro Nacional, nosotros, en cambio, preferimos llamarlo levantamiento popular, un hecho no visto en Colombia en las últimas décadas. Se expresó el cansancio de la mayoría de la gente, en especial, de la población joven. Ese levantamiento popular duró meses y se produjo en varias regiones del país, que fue noticia mundial. Incluso se nos llegó a comparar con Chile, solo que Colombia se ha caracterizado por la existencia de un proceso genocida con un alto nivel de violencia contra los sectores que se movilizaron. Se contabilizaron más de 87 asesinatos, en su mayoría, producidos por la Policía Nacional y un número muy alto de personas detenidas, unas 3.000. La mayoría recobraron la libertad a los pocos días.

¿Qué pasó después del levantamiento popular? Se aplicaron de manera sistemática una serie de medidas represivas que se expresaron en la detención de muchos de los jóvenes que participaron en los paros una vez que bajó la intensidad. Contamos más de 300 capturas después del paro.

Por otro lado, el 23 de diciembre, el Congreso aprobó una nueva ley de Seguridad Ciudadana, que castiga penalmente a cualquier persona que se atreva a ejercer el derecho a la protesta social. En noviembre, Duque visitó Israel, donde solicitó apoyo con armamento que se utiliza para disolver manifestaciones. Y también apoyo en inteligencia. Durante 2021, mataron a 169 personas que ejercían dirigencia social y van más de 300 firmantes de paz asesinados. Igualmente en 2021, mientras la gente salía a la calle a expresar su disconformidad, se presentaron 89 masacres con un balance superior a 300 víctimas. Y aumentó el desplazamiento forzado. La mayoría de los responsables, lo digo como organización de derechos humanos, son agentes del Estado.

Cada 24 de enero se celebra el Día de la Abogacía Amenazada. Este año ha vuelto a poner el foco en Colombia. Usted mismo ha sido víctima de persecuciones e, incluso, fue agredido en el marco de las protestas, al igual que su compañero del Equipo Jurídico Pueblos Johan Sebastián Moreno.

Ser defensor de derechos humanos es un ejercicio de alto riesgo. Colombia posee el triste récord de ser el país del mundo donde más asesinan a defensores de derechos humanos, ambientalistas y dirigentes sindicales. Durante el Paro, Johan Sebastián fue detenido, golpeado, torturado por un capitán de la Policía y, posteriormente, judicializado por violencia contra un servidor público. En rueda de prensa ante los medios, este capitán deslegitimó nuestra labor como abogados.

Yo soy un abogado amenazado no solo por lo que hicimos en el marco del Paro Nacional, sino porque llevamos casos muy delicados en los que los responsables son agentes del Estado y asumimos la defensa de personas privadas de libertad por razones políticas. En mi caso se pudo constatar que los militares reunieron un dinero para asesinarme. Durante el Paro, el 1 de mayo fui violentado por la Policía Nacional a pesar de que salimos a las calles con chalecos que nos identifican como defensores de derechos humanos. Esas investigaciones permanecen en la impunidad total. Durante el Paro, los defensores de derechos humanos fueron objetivo militar, las misiones médicas que acompañaban las marchas fueron brutalmente atacadas y los medios de comunicación distintos a los hegemónicos o serviles al gran capital fueron fuertemente reprimidos.

En junio, tras una misión «in situ» vetada en un inicio por el Gobierno de Iván Duque, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe muy crítico con la represión durante las protestas, pero esta continúa. ¿De qué sirven entonces estas denuncias?

En Colombia existe una democracia genocida. Vivimos un proceso de exterminio contra las organizaciones sociales y populares que proponen un sistema político, económico y social distinto. Al Gobierno de Iván Duque le importan muy poco los distintos informes y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos como, por el ejemplo, el demoledor informe de la Comisión, que escuchó a las víctimas.

En noviembre, en el marco de los cinco años de los acuerdos de La Habana, el secretario general de la ONU denunció tras visitar el país el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y urgió a poner fin a los asesinatos de firmantes de paz. Colombia no acata estos informes, ni le interesan. Se preguntará por qué si los gobiernos cuidan mucho su imagen. Porque cuenta con el beneplácito de EEUU. Hay fuertes intereses económicos y cuando se trata de intereses económicos, los derechos humanos no importan.

El 29 de mayo habrá elecciones presidenciales. ¿Cree que un cambio de Gobierno puede revertir esta continua vulneración de derechos humanos?

El 7 de agosto se cumplirán 20 años desde que Álvaro Uribe llegó al poder. Esto significa que los jóvenes que salieron en el Paro Nacional, la mayoría de entre 17 y 20 años, no han conocido otra forma de gobernar que la de la extrema derecha. El 28 de abril no fue solamente la toma de las calles por los sectores precarizados, sino que fue la demostración de cansancio de la población. Muchos sectores de  diferentes edades apoyamos el levantamiento popular. Lo que se percibe es cansancio. Hay un problema de miseria y de hambre en el país y la ciudadanía está tomando conciencia. La mayoría de la población no aguanta cuatro años más del Centro Democrático. Ahora bien, si usted me pregunta si eso se va a reflejar en las urnas, es difícil saberlo. En épocas de elecciones se ejerce la violencia y el nivel de corrupción es muy alto, pero lo que sí se percibe es que la gente quiere otra cosa.

Otro de los focos informativos se sitúa en Arauca. Desde el Gobierno se habla de una guerra entre el ELN y «disidencias». ¿Qué está ocurriendo?

Lo que sucede en Arauca no es un conflicto o guerra entre guerrillas. Tampoco es un conflicto como dijo Gustavo Petro entre mafias o carteles del narcotráfico. Lo que ocurre responde, por un lado, al afán de las empresas petroleras por explotar varios pozos de petróleo y, por otro, a la utilización por parte de los organismos de seguridad del Estado, en concreto del Ejército, de un nombre o marca llamada «disidencia de las FARC» para intentar ejercer control territorial y permitir la explotación petrolera y desarticular la organización social y popular, en especial la campesina. El tercer objetivo, que tiene que ver con la geopolítica, es desestabilizar y generar caos en la frontera con Venezuela. Colombia y el Gobierno de Duque están sirviendo de cabeza de playa para la agresión de EEUU a Venezuela, que posee reservas de petróleo por 300 años. Equipo Jurídico Pueblos trabaja en el Catatumbo, subregión del Norte de Santander limítrofe con Venezuela, y allí se ha podido demostrar la presencia de tropas de EEUU, de mercenarios y de asesores estadounidenses.

Frente a Arauca, la respuesta de Duque ha sido la creación de dos batallones, la vieja fórmula de militarizar. Los que salen hablando en nombre de las disidencias –dicho, incluso, por antiguos excompañeros de ellos y por organizaciones sociales que trabajan en Arauca– son abiertamente agentes o miembros que trabajan con la inteligencia militar y con aparatos de seguridad del Estado. Por ejemplo, el supuesto comandante Medina. Él se había retirado hace mucho de las FARC, era un mando medio que salió por problemas disciplinarios que, de un momento a otro, apareció de la nada liderando un grupo. Sin el apoyo del Ejército no podría moverse en esa zona.

El otro argumento que tumba que es un problema entre mafias es que Arauca es una de las regiones que no tiene plantas de coca. Es una de las despensas agrícolas del país, allí los procesos sociales no han permitido la siembra de coca. ¿Entonces como se sostiene que es un tema por la siembra o el tráfico de coca cuando Arauca es un modelo de economía campesina que se opone a empresas extractivistas y que no está de acuerdo con el monocultivo de coca?

También asiste a presos políticos. Desde hace años se viene denunciando la crisis humanitaria que se vive en el interior de las prisiones. ¿Qué radiografía hace de las mismas tras los acuerdos de La Habana y las protestas del 28 de abril?

El volumen de presos políticos ha aumentado considerablemente. Frente a los acuerdos con las FARC-EP hubo un incumplimiento de lo más elemental y básico de todo proceso de paz, que es la libertad inmediata de los combatientes, de aquellos que ejercieron la rebelión. Actualmente, existen cerca de 500 miembros de FARC que no recobraron la libertad. Hay miembros de FARC que fueron extraditados a EEUU y aún no han sido repatriados, como Simón Trinidad, que se muere lentamente en una cárcel estadounidense. Además de esos 500, existen muchos más presos y detenidos políticos del movimiento social y popular, sindicalistas, estudiantes, abogadas, campesinos… que están en las cárceles o están siendo judicializados. Solo del 28 de abril hasta la fecha, van más de 300 judicializaciones contra jóvenes cuyo delito fue salir a la calle a protestar.

Las condiciones en las prisiones son indignantes. Hay una situación de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 400%, los 120.000 presos que hay en Colombia sufren falta de atención sanitaria y muchos de ellos mueren, las ya de por sí pésimas condiciones de salubridad se agudizaron por la pandemia...