Transcurridos dos días desde el anuncio de rescate a la banca española, el Gobierno español, a través de una nota del Ministerio de Economía, insistió en que las condiciones del rescate afectan únicamente a los bancos y no implican medidas adicionales de política fiscal o económica aparte de los que ya ha adoptado el Gobierno español.
Pero fuentes comunitarias recordaron que el rescate podrá paralizarse si el Gobierno español incumple los objetivos de reducción del déficit y las reformas exigidas por la Comisión Europea el pasado 30 de mayo, entre las que se encuentran subir el IVA, eliminar la deducción por vivienda o acelerar el retraso de la edad de jubilación.
«Es una ayuda sujeta a condiciones y que será revisada regularmente por aquellos que prestan la asistencia», explicaron las fuentes consultadas. «El Eurogrupo tiene la posibilidad de certificar que se dan las condiciones para seguir prestando esta asistencia o no», indicaron.
Además, según trascendió, la troika formada por la Comisión de la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) controlará la reestructuración de la banca española. El encargado de dar la noticia fue el ministro alemán federal de Finanzas, Wolfgang Schäuble. «Habrá una troika. Se encargará de controlar con precisión que el programa se cumple», dijo, aunque reiteró que esa labor de supervisión se limitará exclusivamente al sector bancario.
A las contrapartidas que tendrá el rescate se refirió en Berlín el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien señaló que de Bruselas están llegando «inquietantes rumores» en ese sentido y avanzó que su partido se opondrá a que las condiciones consistan en «más ajustes». El jefe de la oposición dijo que quiere ver «la letra pequeña» del rescate, aunque consideró «inquietante» que desde las instituciones europeas se hable de condiciones relacionadas con subir el IVA, reformar las pensiones y el desempleo o recortar en sanidad y educación.
También el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, aseguró que el préstamo de la UE a la banca española conlleva unas obligaciones y compromisos que habrá que cumplir, ya que «quien da dinero nunca lo da gratis».
Añadió que las condiciones en detalle del tipo de interés del préstamo y los plazos todavía no han sido discutidas y que el FMI no cofinancia en este caso, pero sí participa en las tareas de seguimiento de todo lo que vaya a suceder.
«Los estados miembros son los que ponen el dinero y por supuesto todo préstamo lleva aparejadas unas obligaciones y compromisos por parte de quien lo recibe», reiteró.
Pero las referencias más explícitas a nuevos recortes llegaron desde Irlanda, por boca del secretario de Estado de Finanzas, Brian Hayes, quien aseguró que el rescate español contiene «los mismos términos y condiciones que el nuestro y el coste del dinero es el mismo», lo que podría obligar al Gobierno español a decretar más medidas de austeridad en los próximo años.
En este sentido, negó que las condiciones ofrecidas al Estado español para recapitalizar sus bancos sean mejores que las obtenidas por Irlanda cuando aceptó a finales de 2010 un rescate económico. «La idea de que [el Ejecutivo español] ha logrado un acuerdo mejor no es cierta», declaró.
Los fondos irán destinados a las entidades con problemas, entre las que se encuentran las cuatro que han sido nacionalizadas: Bankia -que ha pedido por sí sola 19.000 millones-, CatalunyaCaixa, NovaGalicia, y Banco de Valencia.
La Caixa puede que no necesite ayudas, pero la fusión con Banca Cívica le puede penalizar más de lo que inicialmente parecía. Kutxabank también puede quedar exenta aunque, según los analistas, «habría que ver el examen final».