El Tribunal Constitucional ha decidido estimar la demanda de los promotores de Sortu contra su ilegalización y «declarar vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos», según ha confirmado a través de una nota.

El alto tribunal español declara nulo el auto del Tribunal Supremo que vetó la inscripción del partido abertzale en el registro del Ministerio de Interior y ordena «restablecerles su derecho, «reconociendo a los recurrentes el derecho a la inscripción de dicho partido político».

Seis a cinco

La nota no precisa cuántos magistrados se han pronunciado a favor de la legalización, aunque distintos medios han difundido que el recurso de Sortu se ha resuelto por 6 votos a favor y 5 en contra. El Constitucional solo indica que tres magistrados han anunciado votos particulares y que la sentencia íntegra se notificará «en los próximos días».

A favor de la legalización habrían votado el presidente del Constitucional, Pascual Sala; el vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Luis Ortega, Pablo Pérez Tremps, Adela Asua y Elisa Pérez Vera, ponente del asunto y encargada de redactar la sentencia que se notificará en los próximos días, según indica la agencia Efe.

En contra se han pronunciado Francisco Hernando, Francisco Pérez de los Cobos, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado y Manuel Aragón. El voto de Hernando figurará en la sentencia a pesar de que ayer fue intervenido quirúrgicamente y hoy estaba hospitalizado, por lo que no ha estado presente en la reunión de hoy. Efe señala que su voto se contabiliza porque había intervenido en las deliberaciones anteriores y había manifestado ya su postura contraria a que Sortu sea legalizada.

Más de un año esperando

La decisión de avalar la legalización de Sortu llega más de un año después de su veto.

El 7 de febrero de 2011, el abogado Iñigo Iruin y el político independentista Rufi Etxeberria presentaban los estatutos de Sortu en un acto celebrado en Bilbo.

Un día después, sus promotores presentaron de forma oficial la formación de izquierdas y abertzale que iba a concurrir a las elecciones municipales y forales que posteriormente se celebraron en mayo.

Tras registrar sus estatutos en la sede del Ministerio español de Interior, la maquinaria estatal abortaba la inscripción de Sortu como partido político.

Apenas un mes más tarde, la Sala del 61 del Tribunal Supremo daba la razón al Gobierno español y prohibía su inscripción en el registro de partidos alegando que constituía una sucesión de la ilegalizada Batasuna.

Con este veto, la formación independentista no pudo concurrir a las elecciones municipales y ha permanecido ilegalizada hasta que el Tribunal Constitucional, tras varias sesiones plenarias, ha abogado por su legalización.