En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, Urkullu ha emplazado a analizar el fallo del Tribunal de Estrasburgo en un caso que es «una sentencia a una persona». No obstante, ha recordado que «hay un recurso presentado contra la ‘doctrina Parot’ en los tribunales españoles» y ha considerado que el hecho de que Estrasburgo haya adoptado esta determinación «hace que esta situación no sea sostenible por más tiempo».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la presa vasca Inés del Río y le ha instado a ponerla en libertad «en el plazo de tiempo más breve posible», tras admitir su recurso contra la aplicación de la sentencia 197/2006 que alarga las condenas. Afirma que su estancia en prisión –lleva 25 años– es «irregular» desde el 3 de julio de 2008.

Urkullu ha insistido en que su formación «viene abogando por la supresión o derogación» de esta doctrina porque «no responde a lo que es el cumplimiento de una legislación penitenciaria» con el objetivo de «la reinserción y la resocialización».

Por otra parte, ha considerado que una resolución judicial como la adoptada por el TEDH, «quizás ayude» tanto al Gobierno español como al sistema judicial a «dar el paso» que no podrían dar al estar «presionados por la opinión pública o publicada». «Hemos llegado a un punto sin retorno, ya, en el que las instituciones europeas, en este caso el TEDH, pueden avalar la derogación de la doctrina Parot», ha afirmado.

Erkoreka: «Un paso adelante»

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso de Madrid, Josu Erkoreka, ha celebrado la sentencia, pues considera que esa aplicación de medidas restrictivas a presos condenados vulnera el principio constitucional de irretroactividad de las leyes.

Erkoreka ha señalado que el TEDH confirma la tesis que ha defendido el PNV contra la «doctrina Parot» porque «supone una aplicación retroactiva de normas penales no favorables, algo que está proscrito desde siempre en el derecho penal y expresamente excluido por la Constitución».

A su juicio, la sentencia es «un paso adelante en la salvaguarda de los derechos fundamentales».

«Lo que resplandece es un valor, un derecho fundamental y un componente de una libertad pública esencial, el de la irretroactividad de medidas restrictivas de carácter penal, que es una aportación positiva para la transparencia y la construcción de un modelo de convivencia democratica», ha resumido.