Este primer paquete de ayuda se presenta como una «contingencia», para hacer frente a las situaciones más acuciantes y, a priori, debería ir en gran parte a recapitalizar Bankia y el resto de entidades intervenidas por el Estado.

El monto total de la asistencia financiera –que puede alcanzar hasta 100.000 millones de euros– solo se determinará a finales de setiembre, cuando se conocerán las necesidades exactas de todos los bancos gracias a los resultados de la evaluación pormenorizada de las carteras crediticias encargada por el Gobierno español y a las pruebas de resistencia individualizadas.

Las condiciones, sin embargo, ya están pactadas y se fijarán definitivamente el 20 de este mes con la firma del memorando de entendimiento.

El vencimiento de los préstamos, que se transferirán en varios tramos, tendrá una media de 12,5 años y un máximo de 15 años, según ha explicado al término de la reunión el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

Claras condiciones

A cambio de esas ayudas, Europa impondrá condiciones a los bancos rescatados siguiendo las reglas de ayudas de Estado.

Por ejemplo, se aplicará la «segregación de activos» en aquellos bancos que reciban ayuda pública en compañías específicas de gestión de activos, inmobiliarios en este caso, es decir se creará un «banco malo», ha explicado el presidente del grupo de trabajo del euro, Thomas Wieser.

Las condiciones serán también para el conjunto del sector, pues tal y como avanzó a su llegada a la reunión el ministro español, Luis de Guindos, todas las entidades tendrán que cumplir con el requisito de contar con el 9% de capital de máxima calidad, como ya hacen las más grandes.

El Estado español tampoco se librará de nuevas obligaciones, tal y como se ha encargado de dejar claro el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn.

«España tendrá que cumplir»

«España tendrá que cumplir plenamente con sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y las recomendaciones para corregir los desequilibrios macroeconómicos», ha asegurado.

Es decir, que el Gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a subir el IVA, eliminar la deducción por vivienda, rebajar la imposición sobre el trabajo y cumplir con otras posibles futuras recomendaciones de Bruselas a cambio del dinero.

Por ahora, las ayudas europeas se harán como estaba previsto a través del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) y por tanto contabilizarán como deuda pública.

Juncker, sin embargo, ha dejado claro que el Estado español se podrá beneficiar de la recapitalización directa en cuanto se ponga en marcha un supervisor bancario europeo y que, una vez que se opte por esa vía, ya no tendrá que garantizar los préstamos a los bancos.

De Guindos, al término de la reunión, no ha querido entrar en detalles y se ha limitado a asegurar que el Estado español ha logrado «dos muy buenos acuerdos» en el Eurogrupo.

Además del acuerdo sobre la ayuda a la banca, los ministros de Finanzas han acordado dar a Madrid un año más, hasta 2014, para rebajar el déficit público del 8,9% actual a menos del 3%.

En virtud del pacto, el Estado no tendrá que rebajar este año su déficit hasta el 5,3%, como estaba inicialmente previsto, sino que bastará con que se sitúe en el 6,3%.

En 2013, el déficit tendría que bajar hasta un 4,5%, para disminuir, finalmente, hasta un 2,8% en 2014.

A cambio, el Ejecutivo deberá adoptar «sin demora» medidas de austeridad adicionales en 2012.

Los socios europeos dan al Estado español un plazo de «tres meses para que el Gobierno adopte medidas eficaces» y evaluarán cada trimestre los progresos del país en la reducción del déficit.