Porrazos contra personas que, manos en alto, paseaban por la calle; cargas en torno a una mujer herida en el suelo; pelotazos desde furgones policiales en marcha; violencia indiscriminada contra un grupo de gente ajena a la movilización; agresiones a periodistas y un largo etc. son algunas de las imágenes que quedaron grabadas en cámaras de periodistas y videoaficionados durante el pasado 11 de julio en Madrid, día en el que concluía la marcha negra de los mineros en la capital del Estado español.

La jornada concluyó con un saldo de 18 detenciones y 76 personas heridas, de las cuales una todavía se encuentra grave en un hospital madrileño con el higado y los riñones dañados. Se trata, según da a entender ‘Diagonal’, de la mujer de 54 años que quedó tendida en en el paseo de la Castellana y cuya fotografía –en la cual se le confundió con una niña– motivó las polémicas declaraciones del secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, que no dudó en publicar en su cuenta de Twitter: «Con vídeos, con fotos, sin fotos, sea o no niña la de la fotografía del golpe APOYO LA ACTUACIÓN DE LA UIP hoy ¿queda claro? Pues eso».

La de Madrid ha sido la última actuación policial, pero no la única, ni mucho menos desde que el Gobierno de Rajoy puso en marcha su agenda de recortes y subidas de impuestos. A principios de año, la protesta estalló por sorpresa en Valencia, cuando los estudiantes del Instituto Lluis Vives salieron a la calle para reclamar que encendiesen la calefacción en pleno febrero. La «primavera valenciana» fue reprimida duramente por la Policía española, cuyo jefe superior en Valencia, Antonio Moreno, no dudó en calificar de «enemigos» a los estudiantes, generando de esta manera una reacción ciudadana que echó a la calle a decenas de miles de valencianos contra los recortes de la Generalitat y los masivos casos de corrupción.

Un mes más tarde llegó la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral del PP, con diferentes escaramuzas policiales en todo el Estado, focalizándose sobre todo en Barcelona, Iruñea y Gasteiz. En esta última ciudad, la Ertzaintza hirió gravemente a Xuban Nafarrate, mientras que en Iruñea, los incidentes y las cargas policiales se saldaron con la posterior detención de 14 jóvenes. En Barcelona, la intervención de los Mossos d'Esquadra se saldó con 19 politraumatismos, dos bazos destrozados y una lesión grave en la cavidad ocular. La Policía empleó además, y por primera vez en dos décadas, gases lacrimógenos para dispersar a los huelguistas concentrados en el centro de Barcelona.

La actuación policial más grave, sin embargo, llegó pocos días después en Bilbo, una vez más a cargo de la Ertzaintza, uno de cuyos agentes mató de un pelotazo de goma a Iñigo Cabacas, sin que a día de hoy se hayan depurado responsabilidades e imputado a los responsables de su muerte.

Estas son solo algunas de las graves actuaciones policiales sucedidas a lo largo del año, sin olvidar otras como la represión a los mineros en pueblos de Asturias y León -Ciñera, por ejemplo-, la perseción a jóvenes mallorquines en defensa del catalán en Les Illes y contra los recortes del Gobierno de Bauzà o la surrealista carga policial contra los gaupaseros en el ‘encierro de la villavesa’.

Se trata de un cuadro que dibuja la manga ancha que los diferentes Gobiernos –español, Lakua, Nafarroa y catalán– han otorgado a sus cuerpos policiales a la hora de reprimir la la movilización ciudadana contra una situación que se hace insostenible. Una pregunta queda en el aire: Si el estado de las cosas no da indicios más que de empeorar, ¿cuál será la respuesta policial?