El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que incluirá la cadena perpetua dentro de la reforma del Código Penal que prepara su departamento. No pone fecha a su tramitación y ha limitado su aplicación a casos relacionados con organizaciones armadas y «delitos que generan especial gravedad por indefensión de la víctima», como asesinatos de menores o tras una agresión sexual, así como genocidio o magnicidio.

Según ha explicado Gallardón, los tribunales revisarán las penas transcurrido un período de encarcelamiento mínimo de 25 años. De este modo, se incluye dentro de la norma punitiva algo que actualmente funciona de facto, ya que Madrid aplica la pena de 40 años íntegros para casos de organizaciones armadas.

Gallardón ha rechazado que el informe se presente como respuesta al enfrentamiento interno que ha sacudido al PP en relación a la libertad condicional del preso político Iosu Uribetxebarria. Sin embargo, esto se contradice con el hecho de que el ministro haya presentado únicamente un informe, y no el proyecto de ley, que es lo que habitualmente suele llevarse a estas ruedas de prensa.

Según el Ejecutivo español, los jueces que hayan impuesto la sentencia podrán revisar las penas a partir de los 25 años de cumplimiento íntegro. Tendrán obligación de analizar los casos cada dos años, aunque también podrán hacerlo en el momento en el que lo consideren oportuno. En principio, las leyes no son retroactivas, es decir, no pueden ser aplicadas a personas condenadas antes de que la reforma del Código Penal esté vigente. Sin embargo, Gallardón ha abierto la puerta a la retroactividad en casos en los que su aplicación «sea más favorable» a los prisioneros.

El endurecimiento de las normas represivas no se extienden solo a lo relacionado con el conflicto político vasco. La cadena perpetua también se aplicará a casos de «especial gravedad». Sin mencionarlos, Gallardón ha hecho referencia a casos como la muerte de Ruth y José Bretón presuntamente a manos de su padre en Córdoba o la muerte de Marta del Castillo.

Protestas sociales

Justicia aprovecha también para achicar los espacios de protesta, ya que impondrá penas más duras a casos de «desobediencia o resistencia a la autoridad». Entre los supuestos que se incluyen está la convocatoria de manifestaciones que terminen con enfrentamientos.

De este modo, el Gobierno español recurre al Código Penal para intentar poner freno a las crecientes protestas que se suceden en el Estado español ante los recortes impuestos desde Moncloa. Gallardón ha intentado suavizar su postura argumentando que «la resistencia pasiva» no tendrá modificaciones penales. «No es un código más represivo», ha insistido. No obstante, como en otros casos, habrá que esperar a ver la letra pequeña de la reforma legal para comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar Madrid en su persecución de los manifestantes.