A finales del mes de setiembre, el que probablemente sea el ministro más mediático y polémico del Gobierno de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert, anunció un anteproyecto de ley de reforma del sistema educativo, con el objetivo –según explicó– de luchar contra el fracaso escolar y «clarificar definitivamente» las competencias de cada Administración en la materia. Dos semanas más tarde, el propio Wert se encargaba de aclarar los objetivos de la reforma al declarar en el Congreso que buscaba «españolizar» a los alumnos catalanes. Cabe suponer que se trata de un objetivo extensible a Euskal Herria.

Antes de la «aclaración», la reforma ya había suscitado duras reacciones en contra tanto desde Euskal Herria como desde Catalunya, donde la propuesta ministerial se entendió como un intento de recentralización de la educación. No en vano, la reforma de Wert implica que el Ministerio pueda imponer hasta el 75% de la materia educativa de las autonomías, algo que se reduce al 65% en el caso de las comunidades con lengua cooficial. Hasta ahora, los porcentajes se mantenían en un 65% y un 55%, respectivamente.

También sorprende que Wert quiera imponer una reforma homogénea con el supuesto objetivo de luchar contra el fracaso escolar cuando en Euskal Herria el ratio de abandono escolar se sitúa en un 14%, en línea con la media europea –en el Estado español, la media es del 26%–.

Pero la recentralización que implica la reforma no es el único aspecto que ha generado polémica y agrias críticas. Y Euskal Herria y Catalunya no han sido los únicos en alzar la voz contra la propuesta de Wert. Reunidos en la Universidad Pablo de Olavide a finales de octubre, 40 profesionales de la enseñanza de todo el Estado formaron el Foro Sevilla y publicaron el manifiesto ‘Por otra política educativa’, en el que desgranan las razones para oponerse a la nueva reforma.

Los expertos criticaron que las múltiples evaluaciones estatales –al final de cada etapa educativa– y la educación diferenciada introducen un «sesgo economicista» en la reforma, dejando a un lado «el desarrollo humano y la cohesión social». Denuncian, además, la introducción de una evaluación «excluyente, sancionadora y de control», en contra del carácter formativo y de apoyo que debiera tener. En la misma línea, critican el adelantamiento de itinerarios irreversibles, ya que los alumnos deberán escoger ya en 3º de la ESO hacia qué rama se quieren encaminar.

Asimismo, critican duramente el abandono de una escuela pública y de calidad, que se traduce en un apoyo a la educación privada y confesional; también la segregación por sexos, avalada en la nueva reforma. Los expertos denuncian duramente la invasión competencial que supone la propuesta de Wert, remarcando la necesidad de autonomía de cada territorio para ajustar su modelo a sus necesidades. Por último, el manifiesto critica con dureza la poca participación de padres y alumnos en el funcionamiento de los centros educativos.