Nuclenor va a proceder a desconectar la central de Garoña la red eléctrica a partir de las 23.00 horas del domingo para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación.
Los propietarias de la central burgalesa -Iberdrona y Endesa- han argumentado esta decisión en el impacto que tendría en la empresa continuar su actividad con la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y, en particular, en lo que se refiere a los nuevos impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado.
Para Nuclenor, en caso de aprobarse el citado proyecto de ley con su redacción actual, Garoña debería hacer frente a impuestos adicionales en 2013 valorados en 153 millones de euros, lo que «incrementaría» las «actuales pérdidas» económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de «disolución y en situación concursal».
Fuentes de Nuclenor han insistido en que esta parada no tiene necesariamente que significar el cierre de la planta antes del 6 de julio de 2013, fecha hasta la que la compañía tiene autorización para operar, porque se podría tomar la decisión de volver a arrancar la central en cualquier momento antes de esa fecha.
El Pleno de la Cámara Baja del Congreso español debatirá el próximo jueves las enmiendas del Senado sobre el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que establece nuevas tasas sobre el combustible nuclea.
Pulso con el Gobierno español
Por otro lado, la organización Ecologistas en Acción ha asegurado que Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, «sacrifica» la central nuclear para luchar contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno y ante el temor a una posible avería que conlleve una parada larga e impida amortizar inversiones.
En un comunicado, Ecologistas en Acción ha indicado que Nuclenor ha decidido parar el reactor de Garoña en lo que supone el cierre programado como «escenificación máxima del pulso que la industria nuclear está echando al Gobierno del PP para intentar que no se apliquen los nuevo impuestos al combustible gastado».