Los líderes de CiU y ERC, Artur Mas y Oriol Junqueras respectivamente, han firmado este miércoles en el Parlament de Catalunya el acuerdo que garantiza la estabilidad del próximo Govern y compromete a ambos partidos a impulsar un acuerdo a lo largo del segundo año de legislatura, es decir, en 2014, a no ser que el contexto los obligue a posponer la fecha de mutuo acuerdo.



Tras la firma del acuerdo, Junqueras ha considerado que «el mejor capital para afrontar la crisis son nuestros propios ciudadanos», por lo que valoró la importancia de que sean ellos quienes puedan «decidir el futuro» del país. También ha calificado los retos de la próxima legislatura –crisis y consulta– de «gigantes», pero también de «oportunidades únicas». Junqueras ha llamado a otros partidos y actores políticos como sindicatos y asociaciones a que se impliquen igualmente en el proceso emprendido.



Por su parte, Mas ha declarado que tenían «un mandato claro» de las elecciones y que lo han entendido, tal y como muestra el acuerdo. Mas ha desgranado los tres grandes retos a los que se enfrenta Catalunya: recesión, crisis de las finanzas públicas y la operación nacional «de mayor envergadura de los 300 años». Mas ha considerado que los tres retos «van íntimamente ligados» y ha advertido de que en el camino se encontrarán con adversarios «muy poderosos», por lo que ha emplazado también al resto de partidos políticos a sumarse a los acuerdos que vayan alcanzado CiU y ERC.



No será fácil



Las reacciones contra el acuerdo entre CiU y ERC no han tardado en llegar, mostrando que no será fácil el camino que se han comprometido a recorrer ambas formaciones. Sin ir más lejos, esta misma mañana la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que la consulta propuesta por Catalunya no es legal y que el Ejecutivo dispone de «muchos mecanismos para poder frenar cualquier ilegalidad». Según el Gobierno español, el acuerdo entre Mas y Junqueras «es un paso decidido hacia la inestabilidad».



El PSC lanzó ayer mismo un mensaje similar, al asegurar que el acuerdo tiene «fecha de caducidad y garantía de inestabilidad». Por su parte, la CUP e ICV-EUiA no han visto con tan malos ojos el acuerdo por la consulta, aunque han pedido una mayor concreción y que CiU y ERC no se adueñen en exclusiva del derecho a decidir. Sí han criticado, en cambio, los aspectos económicos del acuerdo, que incluyen la aprobación de unos presupuestos con recortes de 3.000 millones de euros.



Pero el principal problema de Mas está puertas adentro. Esta misma mañana, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida ha echado agua al vino, señalando que la consulta «será legal o no será». Asume, de esta manera, el discurso de la patronal catalana, que esta semana pidió que la consulta, de realizarse, fuese dentro del marco legal. Tampoco ayudan titulares como el de ‘La Vanguardia’, que en ha virado su inédita línea soberanista después de las elecciones. «Mas cede ante Esquerra para garantizarse el Gobierno», ha titulado este miércoles el principal periódico de Catalunya.