La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, ha acordado acumular las diligencias que instruye la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) con motivo de la denuncia presentada UPyD contra varios consejeros de Banca Cívica por la salida a Bolsa de la entidad (participada por Caja Navarra) y la denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios Kontuz! contra el expresidente navarro Miguel Sanz y el ex director general de Caja Navarra Enrique Goñi, según ha dado a conocer en una resolución.

La magistrada ha acordado, asimismo, enviar a la Audiencia Nacional para su investigación la parte de la denuncia de UPyD relativa al proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que derivó en la creación de Banca Cívica, al entender que la ley establece la competencia de la AN cuando los hechos denunciados pueden tener repercusión en la economía estatal y abarcan a una generalidad de personas de más de una provincia.

En su auto, la juez ordena la práctica de una serie de diligencias y reclama a Caja Navarra que remita «las actas de las reuniones llevadas a cabo por la Permanente de la Junta de Entidades y de las respectivas comisiones que autorizaron la composición y cantidades a abonar», los «recibos acreditativos del pago de las dietas a los asistentes a dichas reuniones», las cuentas auditadas correspondientes a los años 2002 a 2010 —ambos inclusive—, así como que detalle «las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde 2005 a 2009, ya sea directamente o indirectamente, a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la entidad, familiares de primer grado o sus empresas, debiendo indicar las condiciones de tales operaciones».

Junto a ello, pide al Banco de España que aporte «los informes, documentos y expedientes elaborados por el Grupo de Inspección encargado de la inspección de Caja Navarra desde el año 2002 hasta 2009, ambos inclusive».

Al Gobierno de Nafarroa le solicita que le informe si en alguna ocasión «se ha llevado a cabo inspección o fiscalización de Caja Navarra» y, en ese caso, le requiere que aporte «las actas, informes, documentos y expedientes completos elaborados al efecto».

Conductas que podrían tener relevancia penal

En su auto, la juez sostiene que las conductas que se relatan en la denuncia de UPyD «podrían tener relevancia penal», por lo que considera «totalmente necesaria su investigación a fin de lograr el total esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de las personas presuntamente responsables de los mismos, así como su grado de participación».

Recuerda que el Código Penal sanciona a los «administradores de hecho o de derecho o los socioes de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren».

«Amiguismo, pago de dietas, regalos y viajes»

En el caso de la contabilidad de CAN, afirma que «se relatan una serie de inversiones y adquisiciones ruinosas que habrían obedecido más a criterios de amiguismo que de rentabilidad financiera, al pago de dietas, regalos y viajes que habrían provocado a la postre la disminución del valor de la entidad, hasta el punto de ser necesaria la fusión con otras entidades, el intento de salida a Bolsa y finalmente la fusión con CaixaBank con un resultado de importantes pérdidas para los inversores».