PSN, NaBai, Bildu, I-E y los no adscritos de Geroa Bai, 27 escaños de los 50 que tiene la Cámara, han avalado su decisión de derogar el Decreto al entender que discrimina a las zonas rurales, busca imponer peores servicios y empeora las condiciones laborales de los profesionales.

Y para evitar un vacío legal, los mismos grupos de la oposición –que ya habían anunciado esta iniciativa– han aprobado una enmienda a la proposición de ley que deroga el Decreto para seguir aplicando de forma temporal el aprobado en 1997, que contó con un acuerdo mayoritario de las instituciones y los profesionales.

Samuel Caro (PSN) ha subrayado del Decreto derogado que ofrecía «un peor servicio disfrazado de eficiencia», opinión a la que ha sumado el reproche a «un Gobierno en minoría» por pretender «imponer» su postura.

«No se ha buscado el acuerdo con la suficiente energía y por eso están solos, en esta Cámara y en la calle», «todos a la vez no pueden estar equivocados», ha afirmado, y ha asegurado que «en cada ciudadano ha quedado muy claro que esto es una conjura del Gobierno contra todos porque recorta y elimina servicios, genera ciudadanos de primera y de segunda e implica desconfianza en los profesionales».

Por Bildu, Bakartxo Ruiz ha apuntado que este es «un día importante porque refleja la minoría del Gobierno de UPN y la imposibilidad de aplicar sus políticas» y porque muestra que la oposición ha atendido «el sentir de la sociedad».

«Por eso vamos a actuar con responsabilidad», lo que «le falta a UPN», para elaborar un plan con participación frente a una reforma «temeraria, con todos en contra», en la que «se han empecinado» intentado «llevar al redil» al PSN, «sin el mínimo respeto a los profesionales» y con un concurso de traslados «que sabían que hoy se iba a derogar», por lo que «lo único que le queda señora Vera es dimitir», ha indicado a la consejera de Salud.

Para NaBai la sanidad necesita cambios «pero nunca recortes», ha destacado Asun Fernández de Garaialde, quien ha reclamado diálogo para un acuerdo que haga una apuesta por la Atención Primaria para «una mayor efectividad y eficiencia del sistema».

Tras aludir también a las condiciones laborales de los profesionales, ha negado la insostenibilidad del sistema sanitario público y rechazo que haya crecido el gasto de manera incontrolable ya que, a su juicio, lo que falta es una presupuestación real que resultaría «más barata» que privatizar, ese «negocio para unos pocos» al que este Decreto «abre las puertas».

Para Marisa de Simón, de I-E, «la mayoría parlamentaria» quiere ofrecer una alternativa al Decreto del Gobierno foral elaborando un nuevo modelo que procure la mayor participación y consenso social definiendo necesidades y recursos, analizando eficiencias y deficiencias y buscando una óptima organización.

«Estamos todos convencidos de que el Decreto no mejora el sistema actual, más bien al contrario lo empeora« en la atención sanitaria en zonas rurales, donde supone «un riesgo» para la salud de las personas, ha dicho, y ha añadido que además de las «desigualdades» se genera «un caos», disminuyen recursos y empeoran las condiciones laborales, lo que «puede llevar a un sistema de privatización».

También para Patxi Eulza, no adscrito de Geroa Bai, ha pedido la dimisión de Marta Vera antes este «patinazo» y ha señalado que es una «responsabilidad para con la ciudadanía» derogar el Decreto del Goiberno de UPN, «antisocial, antipopular y antidemocrático» y que conlleva «un retroceso en las prestaciones sanitarias que tanto ha costado conseguir».

Por el contrario para UPN «esto es la unión de la coordinadora del no», es «cuestión de derrotar al Gobierno», ha afirmado Carlos García Adanero, quien ha reprochado a la oposición que rechacen «un año de trabajo sin tener alternativa» y que «asusten al ciudadano» con privatizaciones «de las que no habla» el Decreto.

Enrique Martín, del PP, único grupo que ha apoyado al Gobierno de Nafarroa, se ha sumado a las críticas por la «incapacidad» de la oposición de elaborar un plan, al tiempo que ha asegurado que en la reforma del Gobierno se han introducido sugerencias de colectivos y profesionales y lamentado que se den argumento «en euros» cuando se trata de «calidad y equidad» del servicio.