«Me sentiría satisfecho con ver en el banquillo a uno de los responsables, como estuvo Videla». Pablo Mayoral no podía ocultar la decepción después de que se le notificase que no podría declarar. Estaba previsto que tanto él como Marçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales se convirtiesen en las primeras víctimas del franquismo que tuviesen la oportunidad de prestar testimonio ante la Justicia. Las presiones del Gobierno español lo evitaron. Una circunstancia a la que, por desgracia, se han acostumbrado. «Este es un juicio que se desarrolla en Argentina porque aquí no han dejado», sentenciaba por la tarde, cuando la suspensión ya era un hecho. No obstante, ni él ni el resto de sus compañeros pierden la esperanza. Están dispuestos a seguir adelante con el proceso a pesar de los intentos de veto del Ejecutivo español. «Como uno de los encausados en un consejo de guerra lo que reclamo es justicia. Esto significa ver sentados a los responsables en el banquillo», afirmaba este hombre que fue procesado en la causa 245/75 por el juzgado militar de la primera región. Tres de sus compañeros fueron condenados a muerte. Finalmente, Humberto Baena fue ejecutado. Aunque la jueza solo había citado a doce de los querellantes para los próximos días, el proceso busca denunciar el genocidio provocado por el franquismo tanto durante la guerra civil como en la posterior represión, así como los casos de trabajos forzados o las demandas por robos de bebés. Un procedimiento bloqueado en el Estado español y que ha retomado la jueza María Servini. Como denunció Ana Messuti, una de las abogadas, «se trata de un incumplimiento de las obligaciones internacionales». Un hecho que sería extensible a Argentina si, finalmente, sucumbiese a las presiones de Madrid.

Frustración por segunda vez

«Nos hemos visto frustrados, como una nueva contrariedad. Es la segunda vez que nos ocurre esto», denunciaba Pedro Fausto Canales. Como es habitual en los juicios, este afectado, cuyo padre fue ejecutado en el comienzo de la guerra, esperaba para que le tomasen declaración. «Ha venido el cónsul y nos ha dicho que había problemas técnicos y que teníamos que esperar una hora», explicó, señalando que recibía órdenes del embajador, a quien no llegaron a ver. En su opinión, la jueza mantiene su independencia pese a las presiones que sufre. Sin embargo, denuncia el desamparo al que se están viendo sometidos como víctimas. «Estamos siendo maltratados», alertaba. En su caso, su padre fue ejecutado y enterrado en una fosa común junto a seis compañeros. Cuando en octubre de 2003 se descubrió la fosa donde habían arrojado los siete cadáveres se comprobó que los restos no existían porque habían sido exhumados oficialmente el 1 de marzo de 1959, procediendo a ser enterrados en el valle de los Caídos. Junto a él aguardaba Mayoral, que expresaba que su única intención era dar testimonio del sufrimiento padecido. «Queríamos dar testimonio como víctimas de un régimen criminal», señalaba. Impunidad es una palabra que repiten tanto él como el resto de afectados. «Todavía sigue impune, no han procesado a ninguno de ellos», lamentaba. En su caso, él acusa a Fernando Suárez González y Jesús Cejas Mohedano, dos de los responsables del juicio militar al que fue sometido.

Las expectativas previas

Horas antes de conocer el bloqueo, las sensaciones eran completamente distintas. «Muchas veces hemos estado luchando y reivindicando a las víctimas del franquismo. Hoy estamos como acusadores contra una dictadura criminal, contra unos responsables de carne y hueso. Hoy es un día importante porque ha habido una jueza que ha sido sensible al clamor de tantos y tantos antifascistas», aseguraba Mayoral. «Esperamos que nada quede impune, que se pueda reconocer que hubo muchas injusticias», añadía Merçona Puig Antich, que denunciaba haberse sentido «desamparada» por la justicia del Estado español. «Desde que mataron a mi hermano hemos ido por todos los caminos posibles y siempre nos hemos encontrado negativas», lamentaba.

«Esperamos que esta sea la oportunidad definitiva, que reconozcan que todo el proceso fue una venganza y que no quede impune», reclamó. Para ella, hacer justicia supondría que los responsables fuesen condenados. Todavía no sabían que Madrid ya maniobraba para silenciarles. Sin embargo, Puig Antich ya remarcaba que la actitud del Ejecutivo había sido la de «intentar tapar todo». Un hecho que contrasta con la persistencia de los afectados. «Las víctimas no olvidamos», insistió, lamentando que quienes padecieron la represión han sido tratadas como «víctimas de segunda». Entre sus demandas, «que se reconozca lo que se hizo y que se pida perdón». Por el momento, Madrid ha conseguido evitar su declaración. Pero su determinación es firme: no pararán hasta juzgar a los responsables.