De las lenguas habladas en Aragón, el aragonés es probablemente el que lo tiene más crudo con la nueva ley aprobada por el PP y por el Partido Aragonés (PAR), cuya única virtud parece limitarse a hacer buena la ley aprobada por el PSOE y la Chunta Aragonesista (CHA) en 2009. Una ley que sectores activos en defensa del aragonés como Puyalón de Cuchas siempre consideraron insuficiente, pero que al menos reconocía la realidad trilingüe de Aragón y recogía el aragonés y el catalán como lenguas propias.

Se trata de una lengua hablada o conocida por unos 11.000 aragoneses de la franja norte de Aragón y reconocida por la UNESCO como lengua en peligro de extinción. Desde el 9 de mayo oficialmente se le conoce como Lengua Aragonesa Propia del Área Pirenaica y Prepirenaica» (LAPAPYP), una decisión que, en palabras del responsable de colla –sección– lingüística de Puyalón de Cuchas, Chuserra B., es fruto de «una obsesión de los partidos españolistas, que han intentado desde hace décadas negar la existencia y unidad de la lengua». «Una lengua tiene una serie de connotaciones históricas, científicas, territoriales y sociales por las que su nombre no puede cambiarse unilateralmente de la noche a la mañana», añade.

Esa ha sido, según Chuserra, una de las principales obsesiones del PP: negar la unidad de una lengua hablada en diferentes valles, con pocas comunicaciones entre ellos durante años. Algo que ha servido al PP para ridiculizar el aragonés llamándolo ‘español mal hablado’, ‘chapurriau’, ‘patués’, ‘el hablar de un pueblo’ o como mucho ‘hablas aragonesas’. «Basta seguir por Twitter al director general de Cultura de Aragón, Humberto Vadillo, para entenderlo», explica Chuserra, que añade que «ha llegado a decir que hay más hablante de Klingorn que de esa cosa que llamamos aragonés y lo ha comparado con el élfico, por lo que supuestamente tiene de artificial».

Consecuencias nefastas

Tal como indica Chuserra, además de las «barbaries toponímicas y los derechos administrativos y educativos o premios literarios» que desaparecerán, la nueva ley implica sobre todo tumbar la ley anterior, que «independientemente de su desarrollo, tenía un reconocimiento de la lengua y un recorrido a nivel educativo y administrativo». «A niveles prácticos evitan que cualquier iniciativa particular, como la que hace un año llevaran a cabo los alumnos y profesores del IES Tubalcaín de Tarazona para exigir clases de aragonés, pueda tener ningún éxito, y menos judicial», añade.

La ley aprobada ayer supondrá además la eliminación del Consejo Superior las Lenguas de Aragón, elegido en la anterior legislatura, y la unificación de las academias de lengua aragonesa y catalana –que no llegaron a constituirse– en una única Academia Aragonesa de la Lengua cuyas funciones nadie entiende todavía.

El rechazo a la ley fuera del bloque monolítico creado por el PP y el PAR quedó patente con la oposición del Consejo Escolar de Aragón al borrador de la ley presentada en 2012. Fue la primera vez que el Consejo se opuso a un proyecto del Gobierno.

Una oposición amplia que, sin embargo, no ha conseguido todavía articularse para hacer frente a la política lingüística del PP. Según Chuserra son varios los motivos: «La falta de conciencia de los hablantes patrimoniales y del mundo no-urbano, aunque se va mejorando, o la falta de implicación todavía de sectores de la izquierda y agentes sociales». Pero no todo es tan negro: «Podemos decir que cada vez hay más neo-hablantes en núcleos urbanos como Zaragoza, Uesca o Tarazona, donde hay escuelas que imparten clases y no es difícil escuchar a personas hablando aragonés en algunos de sus barrios».