En el auto, fechado el pasado día 31, el magistrado cita a declarar como imputado al exresponsable de la oficina de Bancaja en la localidad valenciana de Alberic, José Luis González Garrigues, en fecha que «se acordará una vez consultada la agenda de señalamientos», por vender 100.000 euros en acciones de este producto bancario a la empresa Bochner.

También cita a declarar como testigos en una fecha aún por determinar al abogado Joaquín Yvancos y a Manuel Fernández Martín, que participaron en la operación en representación de la compañía. El magistrado solicita, además, copia del folleto informativo en el que la empresa admitió la inversión.

El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le ordenara el pasado 30 de mayo extender la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad para incluir también en ella el fraude a clientes particulares que adquieron preferentes.

Esta decisión obligaría por extensión a Andreu a admitir a trámite todas aquellas querellas de particulares afectados por la compra de este producto bancarios –que a día de hoy son cientos de miles– con el consiguiente riesgo convirtiendo la investigación en un macroproceso de difícil y dilatada resolución, han informado fuentes jurídicas.

A costa de los más débiles

La Sección Tercera aseguraba que las preferentes se ofrecieron con intención de recapitalizar entidades gravemente deficitarias. «Ante la imposibilidad de las cajas de acudir a los mercados financieros no tuvieron reparo en verificar a costa de los más débiles: los clientes, los ahorradores, los pensionistas, y ello con el objetivo futuro de conformar ellos una nueva entidad que pudiera salir a Bolsa», indicaba.

El auto agregaba que la venta de preferentes se inscribe en «los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial».

En la causa se investiga, por el momento, al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a 31 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, a los que se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.