La asociación de consumidores, una de las partes personadas como acusación popular en el caso Caja Navarra, se ha mostrado en todo momento partidaria de que el caso sea juzgado en el propio herrialde ya que enviarlo al Supremo supone «ralentizarlo», pese a lo que ha aplaudido la decisión de la jueza, que considera «absolutamente justificada» y razonada de «forma irreprochable».

La situación procesal del caso ha sido analizada en rueda de prensa por el portavoz de la asociación, Patxi Zamora, y el abogado Pablo Ibáñez, quienes además de expresar su respaldo a la jueza ante las «presiones» de las que al parecer está siendo objeto, han resaltado los apoyos políticos, sociales y sindicales recabados para la manifestación que han convocado para el próximo sábado para exigir la dimisión de Yolanda Barcina.

Respecto a la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 3, María Paz Benito, el abogado ha sostenido que «es un trámite procesal absolutamente necesario dado el estado en que se encuentra la causaÇ.

«Esto no significa ni que se diluya, ni se deje de diluir el caso, cada cual tiene que cumplir con su obligación», ha apuntado Ibáñez, quien ha indicado en este sentido que Kontuz ha hecho su labor «perfectamente», porque su propósito era el de dar a conocer la verdad y tratar de esclarecer lo que había pasado, y la jueza hasta el momento ha cumplido con su cometido de «forma irreprochable».

Ahora el TS tiene en su poder una exposición razonada que deberá resolver mediante el nombramiento de un instructor, dando audiencia a las partes y diciendo si admite la exposición o no.

«El recorrido que pueda tener en el Supremo es imprevisible», ha reconocido Ibáñez, quien ha comentado que a diferencia de los abogados de la defensa él no tiene claro cuál va a ser la decisión. En su opinión «debiera atender a esta exposición que está muy bien razonada y actuar en consecuencia».

Responsabilidad política

En cualquier caso, Ibáñez ha subrayado que «el asunto judicial tiene sus tiempos y marca los ritmos, pero cuando está en juego algo tan importante la cuestión jurídica debe dejarse de lado para analizarse los hechos desde una perspectiva política».

En este sentido ha concluido que una cosa es la presunción de inocencia y otra la responsabilidad política y «no se puede unir el destino de Navarra con el destino de un resultado judicial».

Por su parte Zamora ha insistido en que tienen la convicción de que Barcina «va a tener que dimitir y si dimite va a volver la causa aquí» y con el objeto de lanzar ese mensaje van a volver a manifestarse el sábado, para decirle a la presidenta, a la que ha reprochado su «victimismo», que «no tiene el respaldo de la población, ni del Parlamento, ni de su propio partido».

Kontuz, que ha cuestionado la actuación de la Fiscalía, ha reconocido la labor «profesional y concienzuda» de la jueza y ha denunciado las presiones que al parecer está sufriendo y que, según han indicado, están haciendo que «muchos abogados» suscriban una carta en su apoyo.

«Un contratiempo»

Por su parte, UPyD, también parte denunciante, ha manifestado a través de su abogado, Diego Paños, su respeto a la decisión de la jueza, si bien ha considerado que «objetivamente» supone «una interrupción del procedimiento».

El letrado de UPyD ha lamentado que «toda la causa se tenga que enviar al Supremo por una sola persona, Yolanda Barcina, que no quiere hacer lo que tiene que hacer y lo que ella mismo dijo». «Barcina nos obliga a todos a viajar hasta Madrid», ha agregado.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, Paños ha afirmado que confía en el Tribunal Supremo y ha asegurado que no tiene «ninguna duda» de que este admitirá la exposición razonada que le ha remitido la jueza e investigará las dietas de Caja Navarra.