El pacto firmado por PNV y PSE contemplaba la celebración de un pleno monográfico sobre fiscalidad en el Parlamento de Gasteiz antes de llevar sus propuestas a las respectivas Juntas Generales. Para adaptar el calendario a sus necesidades, la Cámara autonómica adelantó a la pasada semana el Pleno de Política General dejando libre este jueves para dar satisfacción a la petición de PNV y PSE.

Una de las reivindicaciones que EH Bildu, PSE y UPyD han reiterado en esta legislatura es la de que el Parlamento autonómico fije criterios en materia fiscal para los tres territorios de la CAV. En teoría, este pleno debería satisfacer esta demanda, pero no es así. Las propuestas de resolución pactadas por PNV y PSE, que tienen mayoría suficiente para aprobarlas, son teóricas y genéricas, y no recogen concreciones numéricas.

Según los proponentes, así se pretende salvaguardar el reparto competencial entre la Cámara autonómica y las Juntas Generales de cada territorio, que son las encargadas de establecer las normas fiscales. Y, al mismo tiempo, se deja una puerta abierta a la negociación con otros partidos en cada ámbito foral.

Ante esta situación, tanto EH Bildu como el PP coincidieron ayer en denunciar que el pleno de hoy no será más que una representación para «bendecir» el pacto alcanzado entre PNV y PSE. Antón Damborenea, del PP, llegó a hablar de «paripé».

EH Bildu exige concreciones

EH Bildu pretende, sin embargo, que el pleno sirva al menos para aclarar posiciones. Frente a las «generalidades» que a su juicio presentan conjuntamente PNV y PSE, la coalición independentista anuncia que «hará propuestas claras y concretas al objeto de profundizar en la progresividad de la política fiscal y en una redistribución más justa de la riqueza». Los parlamentarios Oskar Matute y Dani Maeztu avanzaron que, entre estas propuestas, estarán las que planteen extender también a Araba y Bizkaia el impuesto sobre grandes fortunas que ya se aplica en Gipuzkoa, gravar más las rentas de capital y tocar también los impuestos municipales en materias como los de las viviendas vacías.

Cabe señalar que varias de estas medidas se encuentran ya en vigor en Gipuzkoa y fueron apoyadas en su día por el PSE, lo que forzará a que este partido y su socio, el PNV, «deban posicionarse con claridad sobre sus verdaderas intenciones en relación con la fiscalidad», señalaron desde EH Bildu.

El avance en las JJGG de Araba

Un avance de lo que puede ocurrir hoy en el Parlamento ya se dio ayer en las Juntas Generales de Araba. Las resoluciones presentadas por PNV y PSE se quedaron en lo que EH Bildu considera que no es más que una declaración de intenciones, siendo rechazadas propuestas concretas presentadas por la coalición. El pacto PNV-PSE obliga a ambos partidos a actuar siempre de mutuo acuerdo.

Frente a quienes como el PP dicen que el pacto PNV-PSE en materia fiscal es «una copia de lo aprobado por Bildu en Gipuzkoa», Oskar Matute y Dani Maeztu replicaron que se trata de una «mala copia» y que no incluye cuestiones capitales para avanzar en la progresividad. Además, recordaron que lo aprobado hasta la fecha en Gipuzkoa no es más que un avance de lo que a EH Bildu le gustaría hacer en materia fiscal, puesto que sus propuestas ya tuvieron que ser rebajadas para que pudieran salir adelante con el apoyo del PSE.

Matute y Maeztu insistieron en la necesidad de «plena soberanía y herramientas propias» tanto en materia fiscal como en otros terrenos económicos, para poder construir «un modelo que garantice la mayor protección social».

El PP pide cambios

El PP anunció ayer que no está dispuesto a suscribir las propuestas fiscales de PNV y PSE, pero se mostró abierto a llegar a acuerdos para mejorarlo. Dudó de que los firmantes del pacto quieran hacerlo, puesto que el pleno del Parlamento de hoy es -en palabras de Antón Damborenea- «un paripé», para que los «firmantes puedan escenificar la foto de su acuerdo».

Por su parte, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, anunció ayer que en el pleno de hoy planteará, entre otras propuestas, el establecimiento de un recargo del tres por ciento en el Impuesto de Sociedades que se aplica a las entidades financieras y volverá a reclamar que las competencias sobre la política tributaria pasen de las Juntas Generales de cada territorio a la Cámara autonómica.