Más de cien personas, entre encausados y administradores de las «herriko tabernas», han estado en la sala donde ha arrancado el juicio contra los dirigentes de HB, EH y Batasuna. La sesión ha comenzado con dos horas de retraso debido a los trámites de identificación.

El primero en intervenir ha sido el letrado Iñigo Iruin, quien ha solicitado que Joseba Álvarez quede fuera del juicio al encontrarse convaleciente (no ha asistido a la sesión de hoy). Asimismo, ha pedido la prescripción de Josu Iraeta, apoyándose en el auto que determinó «cosa juzgada» para Arnaldo Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Garmendia y Josu Imanol Kortazar. Iruin ha recordado que lo único que se dice sobre Iraeta en la acusación es que fue «miembro de Hasi hasta 1988 y de la Mesa Nacional de HB ese año».

Por su parte, la defensa de José Antonio Egido, ejercida por Gonzalo Boyé, también ha solicitado la prescripción para el exmahaikide.

La Fiscalía se ha pronunciado a favor de estas peticiones, mientras que la AVT y Dignidad y Justicia han mostrado su oposición. El magistrado que dirige el juicio decidirá en un auto que espera tener antes del lunes.

Otra letrada ha solicitado que se exima del deber de acudir a las vistas por motivos familiares a Esther Agirre y Jasone Manterola. Por enfermedad grave, ha reclamado que se deje no ir a José Luis Franco, Karlos Rodríguez, Andrés Larrea y Bixente Enekotegi.

Tanto el fiscal Vicente González Mota como las acusaciones han pedido desestimar su petición argumentando que la ley establece que la presencia del acusado es obligatoria.

Los magistrados Angel Hurtado, Clara Bayarri y Julio de Diego han avanzado que mañana darán a conocer su decisión con las dos mujeres y ha dictado que el lunes los médicos forenses examinen a los otros cuatro.

Confunden una asociación con una herriko

Al inicio de la vista oral también ha tomado la palabra el representante de la asociación Askabide, que defiende los derechos de las prostitutas y a la que La Audiencia Nacional incluyó en el procedimiento tras confundirla con una «herriko taberna» de Zorrotza que lleva el mismo nombre. El tribunal ha admitido el error y ha excluido a la asociación del proceso.

Por último, el tribunal ha considerado que no es necesario que acudan a todas las sesiones del juicio los representantes del más de un centenar de herriko tabernas, que están personadas como responsables civiles subsidiarias.

La segunda sesión del juicio comenzará este viernes con más cuestiones previas y el interrogatorio de los procesados. El primero en declarar será Joseba Permach.

Para Permach y Rufi Etxeberria, la Fiscalía pide doce años de cárcel. El fiscal Vicente González Mota solicita diez años de prisión para otros veinte imputados por un delito de «integración en ETA»; Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi. Y 8 años para José Luis Franco, Maite Amezaga, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Rubén Andrés, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.

Sumario abierto en 2002

El macrosumario 35/02 se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 «herriko tabernas» y su administración judicial. El 20 de agosto de 2002, el juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna argumentando «la integración aparente de ésta en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin».

Días más tarde, el 26 de agosto, el mismo juez emite un auto en el que decretaba la suspensión de todas las actividades de Batasuna.

El 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo español dictó sentencia declarando ilegales los tres partidos políticos independentistas. Asimismo, ordenó la cancelación de sus respectivas inscripciones cursadas en el Registro de Partidos Políticos, decretó el cese inmediato de todas las actividades que realizaran esas formaciones y requirió proceder a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de las mismas.

Tras casi seis años de instrucción, Garzón concluyó el sumario en abril de 2008, procesando a un total de 41 militantes de la izquierda abertzale.

A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA.