Sortu ha reclamado la «puesta en libertad inmediata» de los presos a los que se les ha aplicado la doctrina 197/2006 y ha instado a aprovechar la decisión del Tribunal de Estrasburgo contra esa jurisprudencia para «dar un giro positivo a la política penitenciaria. Es el momento de dar una oportunidad a la paz».

«Esta sentencia no es un triunfo de la izquierda abertzale y es que no creemos en esquemas de vencedores y vencidos», han subrayado Pernando Barrena y Maribi Ugarteburu, para quienes «la literalidad de esta sentencia es un logro de todos los que creemos en el respeto a los derechos humanos, de todos los que exigimos el fin de la actual política penitenciaria».

A su juicio, la sentencia confirma que la «posición mayoritaria de la sociedad vasca al exigir el cambio de la política penitenciaria como hito fundamental para llevar adelante el proceso de paz y normalización política, es radicalmente de justicia y conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha calificado de «buena noticia» la resolución del TEDH y ha exigido al Gobierno central que la acate y ponga en marcha, de manera «urgente», los mecanismos para cumplir la resolución, «poniendo en libertad a cuantos reclusos hubieran cumplido con sus penas impuestas con anterioridad a la hoy derogada doctrina Parot».

EA ha considerado que la resolución «certifica la injusticia de las leyes penitenciarias del Estado español», basadas «en la venganza y la necesidad de contentar a los sectores más reaccionarios de la derecha en detrimento de los derechos humanos y la necesidad de adecuar la situación legal al proceso político que vive Euskal Herria».

Ha instado a Madrid a «cumplir la sentencia de manera inmediata, sin caer en tentaciones de ingeniería jurídica que ocasionen más dolor y crispación social en Euskal Herria».

A juicio de Aralar, la decisión de Estrasburgo «es una victoria de los derechos humanos, es una victoria de Europa y de la democracia». Cree que lo que procede ahora es «el cumplimiento estricto de la sentencia y su aplicación generalizada como doctrina oficial con la liberación de todos aquellos presos y presas a quienes haya sido aplicada la doctrina Parot, reparándoles también por los perjuicios ocasionados con dicha aplicación». Ha exigido al Gobierno español que «muestre actitud de perdón y arrepentimiento ante las víctimas de la doctrina Parot y esté dispuesto al resarcimiento del dolor causado».

Para Alternatiba, la resolución «pone en evidencia que el Estado español incumple sistemáticamente los derechos de los presos y desmonta, baldosa a baldosa, el suelo ético con el que algunos se llenan la boca».

Además, cree que el fallo de Estrasburgo «certifica una decisión que anhelaba la mayoría de la sociedad vasca y que afianza la defensa de los derechos humanos, también los de la población reclusa».

La portavoz del PSE, Idoia Mendia, ha afirmado que tras la resolución del TEDH «lo que corresponde es que el Gobierno acate» y que tome las disposiciones necesarias para aplicar la sentencia sin dilaciones ni subterfugios legales, dado que así expresamente viene señalado por el propio tribunal de Estrasburgo».

«Si los ciudadanos debemos cumplir las sentencias, los estados, cuando están afectados por alguna de ellas, también. Si queremos ser ejemplificantes, el primero el Estado», ha advertido.

El portavoz de la Ejecutiva del PSN, Javier Remírez, ha manifestado que su partido acata la sentencia de la Corte europea «como demócratas». «Siempre respetamos las reglas del Estado de Derecho, algo que no pueden decir, precisamente, algunos de los directamente beneficiados por esta sentencia».

Geroa Bai ha pedido al Gobierno español que acate en su «integridad» y que «aplique de forma inmediata» la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos.

Izquierda-Ezkerra ha aplaudido la decisión del Tribunal de Estrasburgo, ya que, a su juicio, su aplicación fue «un error jurídico evidente».

EB ha instado al Gobierno español a que no recurra a la «ingeniería jurídica» con el objetivo de «saltarse» la sentencia de Estrasburgo y ha subrayado que el Ejecutivo debe «reconsiderar 'sí o sí' la aplicación» de la doctrina 197/2006. A su entender, «el Tribunal de Estrasburgo ha constatado la mala aplicación de una norma, ya que ninguna doctrina puede aplicarse a posteriori y ya es hora de que el Gobierno de turno deje de retorcer la ley a su conveniencia».

Entre las formaciones que no han visto con buenos ojos la resolución se encuentra UPN, cuyo portavoz parlamentario, Carlos García Adanero, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que «haga lo posible para que los asesinos etarras y el resto de asesinos y violadores cumplan el mayor número de años en la cárcel».

El secretario general del PP en la CAV, Iñaki Oyarzábal, ha señalado que la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que «ni compartimos ni entendemos», es un «error» y «causa daño a las víctimas de ETA».

En la misma línea, el portavoz parlamentario del PPN, Enrique Martín, ha valorado que la decisión del TEDH que rechaza la doctrina 197/2006 es una «auténtica barbaridad» y una «situación indignante para la mayoría de los españoles y sobre todo para las víctimas».