Varias asociaciones de víctimas de ETA están muy dolidas con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y a algunas de sus dirigentes se les ve especialmente desorientadas en el cúmulo de emociones que están recibiendo en estos días. En su frustración, buscan culpables y arremeten con lo primero que les viene a la cabeza. Lo mismo parece ocurrir con los medios de la derecha española más extrema.

Los meses transcurridos desde marzo, cuando el recurso se vio en la Gran Sala de Estrasburgo con escasas posibilidades de éxito, no han sido utilizados debidamente por el Gobierno para encauzar a su conveniencia la reacción de estos sectores ante una sentencia previsible. Así que a medida que se acercaba la resolución del TEDH, quienes debían orientar estas pasiones se han puesto a disparar en todas direcciones sin ton ni son.

Cuando el Gobierno español decidió filtrar para el 8 de octubre que le venían mal dadas, la primera reacción de estas asociaciones y del llamado TDT party fue maldecir a los jueces de Estrasburgo y tratar de evitar que la sentencia se aplicara, algo el Ejecutivo español sabía ya que no podía hacer, pero que no logró cortar de raíz.

En un último movimiento tan irresponsable como institucionalmente desleal, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, intentó poner en la picota al juez español de la Gran Sala, pero eso duró demasiado poco.

Al conocerse la sentencia definitiva, la ira de los sectores más extremistas se desbocó y amenazaba con dirigirse también contra el Gobierno. El Ejecutivo desvió el primer golpe hacia los tribunales que debían aplicar el fallo. FAES ideó la posibilidad de culpar de todo al «proceso negociador puesto en marcha por Zapatero» y, de hecho, la presidenta de la FVT, Mari Mar Blanco, y la de la AVT, Ángeles Pedraza, salieron con ese mensaje de la reunión que tuvieron con los ministros de Justicia e Interior.

Cuando las aguas parecían reposar, la rápida decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a Inés del Río hizo estallar a la AVT, que convocó una concentración para el domingo y cuya presidenta -Ángeles Pedraza, víctima del 11-M- habló de la existencia de un pacto entre políticos y jueces.

Adhesiones del PP

Cuando el incendio ya estaba declarado, los periodistas le pidieron en repetidas ocasiones a Mariano Rajoy su valoración de lo que estaba ocurriendo y al presidente, en otra muestra de su perspicacia comunicativa, solo se le ocurrió decir que «llovía mucho». ¡Una parte sustancial de la base social del PP ardía de cólera y su presidente escurría el bulto hablando del tiempo!

Los sectores más extremistas del PP y aquellos que necesitan de apoyos en Madrid, lugar de la convocatoria, anunciaron su adhesión a la convocatoria de la AVT, que todavía no tiene un lema claro, más allá de la repulsa al fallo de Estrasburgo. Pero otros colectivos, como el de Francisco José Alcaraz, avisan de que «la manifestación tiene que ser contra el Gobierno».

Así las cosas, Mariano Rajoy decidió volver a la tierra y convocó de urgencia y por separado en La Moncloa a las presidentas de la AVT y la FVT. Les dijo que el Gobierno había hecho lo que podía, que estaba muy dolido con lo ocurrido y que trabajaría para evitar una salida masiva de presos. La labor gubernamental seguirá hoy con otras asociaciones, que pasarán por Interior.

El Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley del Estatuto de las Víctimas, y seguirá maniobrando para que Rajoy no tenga que ver en Colón las pancartas que en su presencia le dedicaban a Zapatero.