En el último auto del juez Eloy Velasco parece imponerse el «en caso de duda, duro y a la cabeza. A la cárcel, y luego ya veremos». Que la aparición de un billete de tren se considere un agravante -sin ni siquiera consultar durante los cinco días de detención al juez de al lado si había dado permiso para el viaje-, o que el que la futura detenida vaya en moto se interprete todavía al cabo de los días como un intento de huida -pese a que hasta la Guardia Civil supo desde el principio que iba al médico a hacerse una ecografía- pueden ser considerados dos datos anecdóticos en todo este sumario. Pero ambas anécdotas evidencian escasa labor investigadora por parte del instructor, que parece más que dispuesto a poner su sello judicial a todo lo que le venga dictado desde el Ministerio de Interior. Y todo adquiere cierto tufillo si entre la detención y la orden de encarcelamiento ha mediado la mayor manifestación de los últimos años en Euskal Herria.

Lo anteriormente descrito muestra, en el mejor de los casos, que el juez actúa con prejuicios, no se sabe si fruto de su experiencia en la judicatura, si de haber coincidido en la facultad con alguno de los detenidos o si están provocados por sus tiempos de alto cargo del PP como secretario de Justicia en el Gobierno de Zaplana en Valencia. Eso, cuando menos. Cuando más, habría que hablar de prevaricación o de justicia vengativa.