Quien no tiene necesidad de hacerlo, no abandona su país por motivos económicos ni políticos. Entre los que lo hacen, quien tiene un buen dinero ahorrado compra un pasaporte falso y quien tiene algo menos paga para entrar escondido en un coche. Si consigue entre 1.000 y 2.000 euros, podrá pagarse un viaje en una embarcación clandestina –cuanto más pague, más rápida será la lancha–. Quien no tiene nada intenta saltar la valla de Melilla o cruzar a nado la frontera de Ceuta.

Quince de estas últimas personas murieron el pasado 6 de febrero en la playa del Tarajal, donde se sitúa uno de los puestos fronterizos entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta, en un episodio que ha puesto en primer plano la dramática situación de miles de personas que aguardan en Marruecos su oportunidad para cruzar la frontera, así como la falta de escrúpulos y de respeto a la legalidad que impera en la actuación de la Guardia Civil y la Policía marroquí a ambos lados de la frontera.

No es un caso aislado. De hecho, movimientos sociales a favor de los derechos de las personas migradas, así como numerosas ONG, denuncian desde hace años la excepcionalidad que impera en las fronteras sur de la Unión Europea, en especial en Grecia, Italia y el Estado español. Sin embargo, varios elementos han puesto el foco durante las últimas semanas en las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla.

El principal detonante fue, sin lugar a dudas, el trágico episodio del 6 de febrero, unos sucesos en los que ha quedado acreditada la violenta reacción de la Guardia Civil, que disparó balas de goma en dirección a las personas que nadaban y que devolvió a territorio marroquí a aquellas que lograron poner pie en arena española.

Lejos de quedarse en el ámbito español, este episodio –así como las torpes y contradictorias explicaciones dadas por el Gobierno español– llamó la atención tanto de medios de comunicación extranjeros –‘The Telegraph’ y ‘Le Monde’, entre otros, publicaron artículos que cuestionaban la versión oficial–, de colectivos internacionales que trabajan los derechos de las personas migrantes –como Migreurop, que exigió claridad al Ministerio de Interior– y de la propia Unión Europea, cuya comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha pedido explicaciones ya en dos ocasiones.

Tras el 6 de febrero, los problemas de fondo

Pero lejos de tratarse de un hecho aislado, los sucesos del 6 de febrero han puesto encima de la mesa todos los elementos de una compleja problemática. En primer lugar, la actuación de la Guardia Civil y el uso de la violencia y material antidisturbios para rechazar la entrada de migrantes. Sin embargo, sin restar importancia a esta violencia, el extremo más polémico de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), por reiterado en el tiempo, se centra en la devolución ilegal de aquellas personas que consiguen poner pie en territorio español, ya que se trata de una práctica ilegal, que viola tanto la legislación internacional como la estatal. Si alguien entra sin los papeles en regla en el Estado español, la propia ley española marca que se le debe abrir un procedimiento administrativo de expulsión.

La devolución de migrantes tiene, además, una variable puesta de manifiesto también en los últimos días, sobre todo el pasado 14 de febrero, cuando las FSE cerraron la frontera de Melilla para evitar el paso de unas 200 personas sirias que escapaban de la guerra en su país. Una actitud que entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado en numerosas ocasiones como un impedimento al acceso «al procedimiento de protección internacional a potenciales personas refugiadas».

El trágico episodio del 6 de febrero también llamó la atención sobre la ingente cantidad de personas que permanecen a las puertas de Ceuta y Melilla con el objetivo de cruzar la frontera. Informes policiales mencionados en los últimos días por la prensa española cifran dicha cantidad de personas en 30.000, aunque vista la credibilidad de las versiones policiales, cabe poner en cuarentena esta cifra, máxime cuando sirve para justificar la mano dura de la Guardia Civil, desde la que se reclama una nueva vuelta de tuerca a la ya restrictiva Ley de Extranjería.

En cualquier caso, puede ser cierto que el número de personas que intenten cruzar la frontera por Ceuta o Melilla haya aumentado. De hecho, no sería fruto de la casualidad, ya que el bloqueo de la ruta que unía Senegal con las Canarias –bloqueo del que tanto se han enorgullecido las autoridades españolas– no ha servido para atajar el flujo migratorio hacia Europa, sino que lo único que ha hecho es trasladarlo, resultando de esta manera una gran concentración de personas a las puertas de Ceuta y Melilla.

En resumen, hechos que, lejos de erigirse en excepciones, dan cuenta de un problema mantenido y profundo, cuya única salida, como remarcaba recientemente en NAIZ el abogado de ‘Tanquem els CIEs’, Andrés García, solo puede pasar, igual que en el caso de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), por soluciones estructurales que aborden el derecho a la migración y a la libre circulación de personas.