Con su afirmación, el representante del Ministerio Público ha querido vincular nuevamente la labor de las plataformas institucionales de la izquierda abertzale con las acciones de ETA. Si ayer ya dejó claro que «se acusa de ser de HB», hoy ha insistido en pedir al tribunal que se pronuncie sobre actividades desarrolladas durante años en los que la plataforma era legal. De hecho, ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘caso Bateragune’ en su parte relacionada con Arkaitz Rodríguez para rechazar que sea necesaria una individualización de conducta, sino que basta con «tener responsabilidad» en labores como la Mesa Nacional.

«No se le juzga por lo que hace una persona física sino por su responsabilidad en lo que hace Batasuna», ha sentenciado. En este sentido, ha vuelto a interpelar a la sala para que se posicione sobre una organización que, a día de hoy, está disuelta.

Tras hacer una breve valoración de algunos de los acusados para justificar la petición de penas formalizada ayer (4 años y medio para cinco de ellos, 2 años y medio para siete y dos años y dos meses para los otros trece), ha defendido la modificación de las solicitudes en base a condenas impuestas por el Tribunal Supremo en sentencias como la de Bateragune, a lo que se suman las dilaciones indebidas en un proceso que se ha alargado más de doce años.

Posteriormente ha tomado la palabra el segundo fiscal, Marcelo Azcárraga, quien se centra en la parte relacionada con las «herriko tabernak». El representante del Ministerio Público ha insistido en las tesis policiales del «entramado financiero» que pretende establecer una coordinación de las asociaciones culturales realizada bajo el mandato de ETA. Eso sí, ha reconocido que no existen transferencias entre las empresas o los locales investigados y la organización armada. Una circunstancia que salva argumentando que la orden era de «autofinanciación».

Está previsto que el juicio continúe durante toda la mañana y se reanude el lunes.