Idoya Iragorri, Unai Ruiz «Pou», Goizane Pinedo e Irati Mujika se encuentran encarcelados después de no haberse presentado al macrojuicio que iniciado el 14 de octubre de 2013 y que se encuentra a la espera de que los jueces dicten sentencia.

Todos ellos se han negado a contestar al fiscal, Luis Barroso y únicamente han respondido a las preguntas de su abogado. Ante este, han recordado haber sido maltratados durante la detención incomunicada, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2009, por lo que no se han ratificado de las autoinculpaciones firmadas ante la Policía española.

Tras la declaración de los jóvenes ha llegado el turno de policías y guardias civiles –algunos de los cuales han actuado a la vez como testigos propuestos por la acusación y peritos–, que han tratado de restar credibilidad a las denuncias de torturas, afirmando, como ya lo hicieron sus compañeros en el procedimiento previo, que las declaraciones fueron «libres y espontáneas». Además, se han ratificado en sus informes policiales, que es la base, junto a las inculpaciones obtenidas durante la incomunicación, para sostener la imputación.

El resumen lo ha dado el primer agente del Instituto Armado que ha tomado la palabra. Ha asegurado que Irati Mujika, que denunció haber sido maltratada, prestó su declaración de forma «libre, voluntaria y espontánea». No se ha quedado ahí el uniformado, insistiendo en que la joven «declaró lo que quiso». Un extremo negado por la propia Mujika tanto durante su declaración de hoy como después de su arresto, cuando interpuso una denuncia por torturas. Afirmaciones como esta se han escuchado a lo largo de todos los testimonios de los policías, cuyas intervenciones han demostrado que la base para la imputación son las autoinculpaciones obtenidas durante el arresto.

También han indicado que realizaron seguimientos desde 2007. Unas vigilancias que se centraban en controlar las inmediaciones de locales de asociaciones de vecinos o gaztetxes, así como realizar fotografías a pancartas y controlar movilizaciones.

El juicio se reanudará mañana a las 10.00 en la sede de la Audiencia Nacional española de San Fernando de Henares. La Fiscalía pide seis años de cárcel por «integración en organización terrorista», mientras que la defensa reclama la libre absolución.