En su auto, el magistrado Ismael Moreno argumenta que existe «riesgo de fuga» pese a que Iosu Uribetxebarria está aquejado de un cáncer terminal. Además, le imputa un delito de «atentado terrorista con resultado de muerte» ya que le vincula con la acción que costó la vida al guardia civil Antonio Ramos, que murió en una acción de ETA el 8 de junio de 1988 en Arrasate.

Además de para Uribetxebarria, Moreno ha decretado prisión para los presos vascos Xabier Ugarte y José Luis Erostegi, que ya se encuentran encarcelados. Ambos han declarado hoy también ante el tribunal de excepción, denunciando que el procedimiento abierto ahora se basa en declaraciones obtenidas bajo torturas durante el período en el que permanecieron incomunicados durante su arresto en 1997.

Valoración de la abogada Baglietto

«La decisión ya estaba tomada de antemano», ha denunciado, en una primera valoración, la abogada Ainhoa Baglietto, que ha recordado que el procedimiento se ha mantenido secreto pese a que las declaraciones a las que se hace mención se produjeron hace más de 15 años. «No obedece más que a sed de venganza y a atender a los medios periodísticos», ha remarcado, recordando la campaña emprendida en las últimas semanas por diversas cabeceras de la derecha española. «No tiene ningún sentido jurídico. Estamos ante un procedimiento que está prescrito. No vale con que haya una declaración sino que tienen que existir unas actuaciones jurídicas», ha argumentado.

Sobre el razonamiento de «riesgo de fuga» esgrimido por Moreno, la letrada ha considerado que «no tiene sentido». Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que se imponga una medida «más restrictiva» para unos hechos por los que todavía no ha sido juzgado que para las condenas que ya habían sido impuestas. «Una improbable sentencia condenatoria no cambiaría su situación jurídica ya que el límite de la pena sigue siendo el mismo y esta se acomodaría», ha indicado.

«Decisión política»

En opinión de Baglietto, la orden de prisión domiciliaria para Uribetxebarria constituye «una decisión política». Un argumento que se refuerza al comprobar la «campaña» de las últimas semanas, así como la celeridad con la que se realizaron las citaciones. «Estando localizado le podían haber citado en cualquier momento. Sin embargo, se ha hecho con 24 horas de antelación y con traslados de urgencia para los dos presos», ha remarcado, lo que le lleva a pensar que se trata de una maniobra «para dar una imagen». «Cualquier jurista entiende que esto se explica por motivación política», ha sentenciado.

Gravemente enfermo

Iosu Uribetxebarria se encontraba en libertad condicional desde el 30 de agosto de 2012 después de el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, atendiera a los informes médicos que constataban el carácter terminal e «irreversible» del cáncer que padece.

Desde entonces, la persecución contra Uribetxaberria en relación con su grave estado de salud ha sido una constante.

Ayer mismo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, opinó que la situación del arrasatearra no puede «quedar de manera estática», sino que, señaló, «debe ser contrastada periódicamente» con los informes médicos sobre su estado de salud.