La Abogacía del Estado, a instancias del Delegado del Gobierno en la CAVi, Carlos Urquijo, ha recurrido la reforma del decreto de reconocimiento de víctimas de «vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política» con el argumento de que os cambios introducidos vulneran la Ley de Memoria Histórica, en la que se establecen medidas de compensación hacia las personas que fueron perseguidas o atacadas durante la guerra del 36 y la dictadura franquista.

En una rueda de prensa en Donostia, Arantza Kortaberria, Ana de Benito e Inés Núñez de la Parte han leído un comunicado en el que han solicitado al Gobierno del PP que «no solo no obstaculice el reconocimiento y reparación de ninguna víctima de violaciones de derechos humanos sino que lo promueva».

Han explicado que el recurso, que pide la anulación del decreto del Gobierno de Lakua y «la devolución de las indemnizaciones que se hayan podido otorgar a las víctimas», les ha causado un «dolor inhumano» además de «incomprensión e indignación», por lo que han preguntado al Ejcutivo de Mariano Rajoy «por qué no se quiere reconocer» que los derechos de estas víctimas fueron «violentados con la impunidad del final de la dictadura».

«Quiero creer que es por desconocimiento» ha señalado Núñez de la Parte, al tiempo que ha instado al Ejecutivo español a «informarse» porque, según ha dicho, «las personas que han sufrido este tipo de violencia no son ni proetarras ni verdugos».

Segunda «victimación»

Tras calificar de «injusticia» el recurso presentado, han afirmado que esta situación provoca a los perjudicados una segunda «victimación» que no pueden «aceptar ni tolerar» sin hacer que su historia «se oiga», porque se trata de una realidad que «forma parte del relato, forma parte de la verdad y debe conocerse y saberse. No callaremos ni pararemos ante esta injusticia».

Han aclarado, en este sentido, que «están en juego valores éticos y democráticos fundamentales para la convivencia de una sociedad, como son el respeto al principio de igualdad y no discriminación entre víctimas o el compromiso con todos los derechos humanos sin exclusión».

Tras relatar su experiencia personal –su padre murió tras recibir una paliza de miembros de la Policía–, Núñez de la Parte ha subrayado que el testimonio de este tipo de víctimas «es una realidad que puede ser muy incómoda para muchos sectores pero es verdad, porque ha pasado, en el contexto de la lucha contra ETA entre los años 1960 y 78, cuando hubo bastantes excesos de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de grupos parapoliciales que causaron daños irreparables y aleatoriamente a muchas familias e incluso la muerte».

Gente que, según han dicho, «no eran proetarras ni verdugos sino personas de la sociedad civil vasca que sufrieron una serie de ataques en sus derechos humanos y en su integridad» con «independencia de sus posicionamientos políticos. Personas que, no debería ser necesario decirlo, eran inocentes», ha remarcado.

Petición a Lakua y al Parlamento

Ante esta situación, las portavoces de este colectivo han instado al Ejecutivo de Lakua a que «reitere su apoyo a los procesos de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos sin cobertura».

En la misma línea, han pedido al Parlamento de Gasteiz que exija al Gobierno español la retirada del recurso, que «defienda política y judicialmente» el decreto y que «continúe con los procesos de reconocimiento y reparación de todas las víctimas».