La Diada supondrá, un año más -y ya serán tres-, un punto de inflexión en el calendario. Si las previsiones se cumplen, cientos de miles de catalanes acudirán a su capital el próximo jueves para reclamar la independencia. Si en 2012 la Diada forzó las elecciones anticipadas y en 2013 consiguió que los partidos se pusiesen de acuerdo en la fecha y la pregunta de la consulta, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) aspira este año a que una masiva movilización comprometa a todas las fuerzas favorables al derecho a decidir con la consulta del 9 de noviembre, más allá del previsible veto del Tribunal Constitucional español.

Ahí está el quid de la cuestión y la causa primera de las polémicas surgidas a lo largo del verano. ¿Qué hacer cuando la ley de consultas quede fuera de la legalidad española? Pero sigamos el calendario previsto. Tras las potentes imágenes que cabe esperar de la Diada, la semana siguiente la atención se trasladará al Parlament, donde el Debate de política general servirá para observar el efecto de la multitudinaria movilización sobre la clase política. Especial atención concentrará el discurso inicial del president, Artur Mas, aunque no cabe esperar grandes sorpresas más allá de una reafirmación verbal de su compromiso con la consulta. Nada de anticipar planes B.

El 18 de setiembre todos los ojos se dirigirán a Escocia, donde cualquiera que sea el resultado, el proceso catalán saldrá ganando. Una victoria del «sí» sería un importante revulsivo en las filas soberanistas catalanas, mientras que una derrota seguiría sirviendo de argumento frente al unionismo español: «vean, los escoceses votaron y no se acabó el mundo».

La semana acabará en un momento álgido, de nuevo en el Parlament, donde el 19 de setiembre se prevé la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la aprobación de la ley de consultas que dará cobertura legal a la consulta del 9 de noviembre o, al menos, a su convocatoria. Todavía no se sabe muy bien en qué momento, entre el viernes 19 y el lunes 22, Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta, momento en que la maquinaria logística se pondrá en marcha. Será también el momento en el que la legalidad de la consulta deje de estar en manos catalanas para pender del ya anunciado recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

Consulta o plebiscitarias

Entonces llegará la primera de las muchas horas de la verdad que Catalunya afrontará en los próximos meses. Sin soluciones mágicas al alcance de la mano, las opciones se reducen a dos: mantenimiento de la consulta pese al veto español o convocatoria de elecciones anticipadas. Durante el verano, varios representantes del Govern -sobre todo los vinculados a Unió- lanzaron varios globos sonda, advir- tiendo de que un veto del Constitucional obligaría a cancelar o retrasar la consulta. La respuesta del resto de partidos soberanistas fue inmediata, exigiendo al Govern que mantenga su compromiso con el 9N.

Sin embargo, y para no faltar a la verdad, cabe recordar que Mas ha insistido a lo largo de todo el último año en que los catalanes serán preguntados sobre su futuro político, pero solo de manera legal, por lo que a estas alturas, no hace falta sobreactuar y hacerse el sorprendido. El Govern tiene bastante claro que una consulta fuera de la ley sería muy difícil de validar internacionalmente y, por ello, el propio president ha hablado en más de una ocasión de las elecciones plebiscitarias como alternativa -si bien en las últimas semanas dicha expresión ha desaparecido de su vocabulario-. De hecho, según informaciones publicadas por la prensa catalana, la oferta de convocar elecciones entre finales de 2014 y principios del 2015 y acudir con una lista unitaria ya ha sido trasladada por Mas al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Las otras tres formaciones favorables al derecho a decidir -ERC, ICV-EUiA y CUP- también admiten, preferiblemente en privado, las dificultades que supondría una consulta al margen de la legalidad, que entre otras cosas aseguraría la ausencia del «no» en la votación. Para la oposición, sin embargo, no es lo mismo renunciar a la consulta y convocar elecciones al día siguiente del veto del Constitucional que intentar alargar al máximo el pulso con el Estado, llegando incluso a forzar la suspensión de algunas competencias autonómicas, como sugería esta semana el diario «ABC». Algo así precipitaría las decisiones catalanas y sellaría probablemente la unidad de acción de los partidos soberanistas. Pero la contradicción es evidente: para que el Estado enseñe todavía más los dientes, tanto dicha unidad de acción como el compromiso con la consulta deberán ser incuestionables.