Los datos son abrumadores tanto desde una perspectiva que tome en cuenta la bola del mundo como si nos centramos en lo pequeño de nuestro territorio. La pobreza, concretamente en su vertiente alimentaria, afecta a buena parte de la población azotando especialmente a menores y mujeres. Según Unicef, unos 2,8 millones de niños menores de 5 años mueren al año por causas relacionadas con la desnutrición. Se trata del extremo más duro de un drama que, aunque muestra su peor cara en países africanos, se ha instalado ya en muchos hogares del Estado español, y por consiguiente de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Partiendo de esta premisa surgen varias preguntas: ¿Hay hambre aquí? ¿De qué dimensiones hablamos? ¿Cuál es la responsabilidad de la Administración y el papel de los distintos agentes? Xabier Aierdi (asesor de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua), Unai Aranguren (Vía Campesina), Luis Crovetto (Banco de Alimentos de Bizkaia) y José Ramón González Parada (Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad) trataron de dibujar un esbozo de la situación en una charla que tuvo lugar el miércoles en Bilbo con motivo de los días internacionales de la Alimentación y la Pobreza que se celebraron ayer y hoy, respectivamente. Una realidad que la falta de información y visibilización, el sentimiento de fracaso y vergüenza, así como el abandono institucional, mantiene escondido. Ello no significa que no exista; está presente y los datos lo demuestran.

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales que próximamente publicará el Ejecutivo de Gasteiz contiene algunos de estos datos y Aierdi dio cuenta de ellos. Según se desprende de las cifras, con un 6% de la población en situación de pobreza (230.000 personas) se está volviendo a condiciones de principio de siglo. Un porcentaje superior al 5,3% contabilizado en la anterior encuesta realizada en 2012. Asimismo, un 2,9% reconoce que en algún momento del año ha tenido problemas graves de alimentación y un 1,2% dice haber tenido percepción de hambre.

Situaciones que se materializan en un perfil muy concreto: familias inmigrantes, familias monoparentales encabezadas por una mujer y jóvenes. Se trata de los agentes más vulnerables y precarizados en este momento de crisis y que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los gastos más básicos. Ello da lugar a que sean cada vez más los niños que acuden a la escuela sin haber ingerido alimento alguno o que la del comedor escolar sea la única comida con fundamento que hacen al día. También ha llevado a que la labor de los bancos de alimentos, que en su surgimiento pudiera parecer simbólica o aislada, se haya convertido en imprescindible para muchas familias que tienen en ellos su principal fuente de alimentación.

El valor del trabajo voluntario

Estas situaciones ponen frente a frente el trabajo institucional y la voluntaria, dando lugar a la reflexión sobre el papel de administraciones y en qué medida cumplen con ese deber. Más si cabe en una situación donde las ayudas sociales están siendo recortadas. Aierdi lo manifestó sin ápice de duda: «Las políticas públicas y las administraciones tienen que resolver este problema». La pregunta es: ¿hasta qué punto es así?

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es la herramienta principal de la que disponen quienes carecen de recursos para subsistir. Pues bien, en el año 2008 la RGI suponía el 39% de los ingresos totales de las personas en situación de pobreza. Porcentaje que se ha visto ligeramente incrementado al 50% en la actualidad, aunque aún queda una parte importante de la tarta por cubrir.

Frente a ello, diferentes agentes solidarios y bancos de alimentación atienden a familias a diario u ofrecen su servicio a instituciones que se encargan de hacer llegar los alimentos a su destino, en muchos casos centros escolares. Estas entidades, en su origen, recogían alimentos o productos que no podían comercializarse dado que no cumplían las condiciones exigidas. Se trataba de productos a punto de caducar o cuyo continente estaba en mal estado y que se hacía llegar a los bancos de alimentos para que pudieran ser aprovechados. A día de hoy no se trata de sacarles provecho, sino de responder a las necesidades más básicas.

La ausencia de preocupación por parte de las administraciones y la desinformación en torno a lo que ya es un problema «cronificado» son, a juicio de González Parada, las causas de que la pobreza, lejos de erradicarse, se afinque en la sociedad. A ello añadió Aranguren que el de la alimentación es un importante negocio y que genera muchos intereses en las instituciones.

«Hay una dejación de funciones», aseguró González Parada, que aportó datos para sustentar su afirmación. Según explicó, en el Estado español, donde en 2013 se contabilizaron 2.300.000 personas con necesidad (un millón más que en 2012), una persona en situación de pobreza recibe de media entre 80 y 82 kilos, lo que equivale a 225 gramos por persona y día. En la práctica se traduce en una ración de arroz o un bocadillo. Esta cantidad cubre solo un tercio de la necesidad de cada persona, el resto vienen siendo completadas por la asociaciones voluntarias. Además, solo el 45% de los alimentos que llegaban a las redes minoristas provenían del Gobierno español.

Es por ello que apeló a la responsabilidad política y recordó que el derecho a la alimentación es un derecho internacional y transversal firmado y ratificado por el Estado español. «Un derecho firmado es obligatorio respetar», remarcó González Parada.

La pobreza energética

Pero el drama de no tener qué llevarse a la boca no es la única forma en que la pobreza castiga a miles de personas. De hecho, casi 90.000 personas en la CAV -el 4% de la población- y más de 3.000 millones en el mundo viven en situación de pobreza energética. Así lo hizo saber la Plataforma Pobreza Cero, que explicó en un comunicado que la cifra se ha visto incrementada en estos meses por la subida del recibo y la persistencia de la crisis económica.

Este tipo de pobreza se traduce en que miles de familias pasan frío en invierno por no poder encender la estufa o la calefacción. En otros muchos casos, ni siquiera pueden permitirse cocinar o mínimamente calentar sus alimentos. Ello ha llevado a que desde las asociaciones y bancos de alimentos hayan comenzado a distribuir comida preparada para los casos más extremos.

A juicio de la plataforma, la persistencia de la pobreza y de las desigualdades «no son justificables ni inevitables», ya que es una cuestión de voluntad política. Por tanto, apela a la movilización ciudadana para que exija con contundencia la implicación de las administraciones.

En esta línea, la necesidad de activar a los afectados por la pobreza y la ausencia de ayudas públicas para responder a las necesidades elementales fue la principal conclusión de la mesa redonda desarrollada en Bilbo. Se trata de que pasen de ser agentes pasivos que reciben una serie de ayudas a ser agentes activos en la visibilización de un problema que se mantiene oculto y la exigencia de políticas que lo erradiquen.

Un cambio de paradigma que se presenta complejo pues persisten aún demasiados estigmas sobre quienes padecen la pobreza y que conlleva una especie de sentimiento de fracaso personal o vergüenza a reconocer haber caído en uno de los más profundos agujeros de la crisis.