Con los miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) Brian Currin, Alberto Spektorowski y Raymond Kendall como testigos en primera línea, el Foro Social hacía públicas ayer en Donostia cuatro nuevas recomendaciones, que se derivan de las jornadas realizadas en junio en Iruñea y Bilbo. Al contrario de lo que ocurría tras la primera edición del Foro en marzo de 2013, en esta ocasión atañen exclusivamente a la cuestión de los presos, lo que demuestra la relevancia de la cuestión y la preocupación que suscita. Van un paso más allá que las formuladas un año antes, que fueron asumidas por el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) pero no por los gobiernos. Incluyen tres apartados dirigidos a los estados y uno a los encarcelados.

Portavoces de Lokarri y Bake Bidea, las entidades promotoras de esta iniciativa social, se encargaron de detallar las cuatro recomendaciones, antes de que los miembros del GIC hicieran una exposición sobre su perspectiva del proceso en el momento actual. Como primer punto, el Foro Social propone «desligar las cuestiones relativas al respeto a los derechos fundamentales de las personas presas de las de su reintegración. Sus derechos fundamentales, en la medida en que son personas cuya dignidad humana debe ser respetada, tienen que ser garantizados sin condiciones, independientemente de su postura respecto al proceso de paz y a la convivencia. Mientras, conviene clarificar y acordar las condiciones que permitan su reintegración».

Se marcan, por tanto, dos fases claras: una urgente, relativa al cumplimiento de los derechos humanos vulnerados, y otra posterior enfocada a las excarcelaciones (definidas como reintegración en el argot de los expertos internacionales y el propio Foro Social, con una perspectiva más amplia que la de la salida a la calle).

«Sin excusas ni dilaciones»

En cuanto a lo más inmediato, el Foro Social considera que los tratados internacionales suscritos por Madrid y París deben ser atendidos y respetados «sin excusas ni dilaciones». Y por ello, remarca que debe finalizar el alejamiento mediante la aceptación de las peticiones hechas por los propios presos a las autoridades por vía legal. Según recuerda, ello se traduciría en el traslado masivo a la cárcel alavesa de Zaballa.

Del mismo modo, se apunta que «no debe someterse a dilaciones la aplicación de los derechos que corresponden a las personas presas gravemente enfermas o de edad muy avanzada, procediendo a su puesta en libertad condicional». Y se añade igualmente que «tal y como sostuvo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las personas presas tienen derecho a conocer cuál es la expectativa de duración de su condena. Por ello, tienen que finalizar todas las medidas tendentes a retrasar el momento de la puesta en libertad de quienes efectivamente han cumplido su pena».

En la charla posterior, el facilitador sudafricano y coordinador del GIC, Brian Currin, incidió en la necesidad de entender que son cuestiones de derechos básicos. «Esto no se puede ignorar», recalcó ante una sala repleta del Aquarium donostiarra. «La dispersión no tiene ninguna justificación -detalló-, aquí no estamos hablando de un país que esté en guerra civil».

Entrando ya decididamente en la cuestión de la reintegración, en su tercera recomendación el Foro plantea transferir a la CAV y a Nafarroa la competencia de prisiones, recordando que es una previsión incluida en el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero.

Transferencia y plan

Currin también se detuvo en ello en su intervención posterior. Dijo que «aunque nadie sabe cuál va a ser la política dentro de unos años», ahora mismo no ve factibles las excarcelaciones sin esta transferencia de prisiones. «No me imagino al Gobierno español haciéndolo», admitió. Y por ello animó a partidos vascos, movimientos sociales y ciudadanía a impulsar esta demanda. «Si en Catalunya tienen las prisiones, ¿por qué aquí no?», añadió.

Dentro de esta recomendación, el Foro Social ve necesario «elaborar un plan de reintegración social de las personas presas que cuente con el consenso de instituciones y partidos políticos y la participación de actores sociales».

El Foro detalla cinco puntos como base para este plan, en los que se constata un planteamiento muy diferente al del programa Hitzeman lanzado recientemente por la Secretaría de Paz y Convivencia de Lakua. Son estos: «1) que las personas presas por su vinculación, real o no, a ETA sean tratadas en las mismas condiciones que cualquier otra persona presa; 2) que sea tenida en cuenta la actual situación en la que la sociedad vasca está caminando de una situación de violencia y enfrentamiento a otra de paz y convivencia; 3) que sea respetuoso con el derecho de las víctimas a la memoria y reconocimiento; 4) que cuente con la implicación de las personas presas; y 5) que venga acompañado de un compromiso inequívoco de las personas presas por una convivencia en paz y respetuosa con las diferencias y el pluralismo».

A los presos

La cuarta y última recomendación del Foro va dirigida a «la aportación de las personas presas a la convivencia y el proceso de paz». En primer lugar se estipula como «necesario facilitar su participación constructiva en el proceso de paz. A ello contribuiría que se eliminen las restricciones para que puedan dialogar y trabajar, tanto entre ellos como con sus abogados y mediadores y el conjunto de la ciudadanía a través de sus representantes y actores sociales».

El Foro Social concluye afirmando que una de las principales aportaciones de los presos y presas consiste en «un compromiso nítido con el proceso de paz y convivencia, renuncia a las vías violentas y reconocimiento sincero del daño causado». Se trata, por tanto, de demandas que pueden entenderse ya como asumidas en las declaraciones de EPPK, al contrario de lo que ocurre con las tres recomendaciones dirigidas a los estados, que superan sus posiciones actuales.

Currin recordó que si bien el cumplimiento de los derechos humanos no debería entrañar gran dificultad, las excarcelaciones no resultan cuestiones cómodas en ningún lado «porque están relacionadas con las víctimas». Sin embargo, apostilló desde su experiencia que «en más de seis décadas no conozco un solo caso en que la reintegración no haya sido una parte integral del proceso de paz, por lo que es un tema que se debe abordar. No podemos tener presos políticos en las cárceles dentro de 20 años».