La corrupción va mucho más allá de impactos individuales o sectoriales en el Estado español. Se constata en la proliferación de casos, que convierte esta lacra en algo muy generalizado, y existe un estudio reciente que lo confirma todavía más. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias presentaron en julio un cálculo del impacto económico que tiene esta práctica en el Estado español, midiendo diferentes variables y yendo más allá de lo que ya ha sido probado judicialmente. El resultado es abrumador: la corrupción cuesta al Estado español unos 40.000 millones anuales.

Para hacerse una idea, ello supone prácticamente el triple de lo presupuestado por los gobiernos de Lakua e Iruñea para el ejercicio de 2015 (10.639 y 3.797 millones respectivamente, 14.436 en total). Otro dato comparativo interesante puede ser que esos 40.000 millones perdidos por la corrupción son un tercio de lo que el Estado español gastará en pensiones en todo el año 2015 (ha presupuestado 131.659 millones de euros). Y 40.000 millones es también lo que ha costado el rescate bancario.

Para hacer esta estimación, además del impacto directo (dinero público sustraído) se incluye una proyección de los casos que no han podido ser probados judicialmente dadas las evidentes dificultades para esclarecer estos delitos. Se añade igualmente el cálculo del desánimo que producen estas prácticas en la población, deteniendo proyectos personales y profesionales, y también el impacto que tiene la corrupción sobre la reducción de la inversión extranjera en el Estado español.

Hasta ahora, las estimaciones existentes se basaban más en factores subjetivos como encuestas ciudadanas de percepción de la corrupción. De ahí se extraen mediciones como la del Indice de Transparencia Internacional, que sitúa al Estado español en el puesto 30 (comenzando por los más «limpios»), justo por detrás de Chipre y Emiratos Árabes, igualado con Israel, y superando por muy poco a Portugal, Puerto Rico, Botsuana, Taiwán y Bután. De los estados importantes de Europa, solo Italia, Serbia, Grecia, Rumania o Polonia figuran por detrás dado que su ciudadanía los considera más corruptos, aunque tras la última sucesión de escándalos es bastante previsible que el Estado español haya perdido unos cuantos puestos.

Los investigadores canarios autores del informe -Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León- explican que su método reduce las cuestiones de subjetividad para centrarse en cuestiones medibles. Remarcan además que la consiguiente reducción del dinero público debida a la corrupción tiene un impacto muy directo en la calidad de vida de la ciudadanía, aspecto que habitualmente puede pasar desapercibido. El trabajo ha sido publicado en revistas internacionales y ha obtenido amplio eco en las últimas semanas. GARA

Hasta el reciente caso del balear Jaume Matas (PP), el navarro Gabriel Urralburu (PSN) era el único presidente autonómico que había pisado la prisión por corrupto. Fue durante apenas 444 días (luego pasó dos años más en tercer grado), después de que el Supremo rebajara a cuatro años de cárcel los once impuestos inicialmente en Iruñea. En Madrid se le retiró la condena por delitos contra la Hacienda (que sumaba siete años) al aceptarse que estaban subsumidos en el de cohecho.

Desde que quedó libre definitivamente, en 2003, Urralburu es ejemplo de otro efecto evidente de la corrupción: que el dinero sustraído casi nunca vuelve. La condena inicial resultó contundente también en la parte económica, dado que se le impusieron 780 millones de pesetas (4,70 millones de euros) de multa, además la obligación de pagar 530.000 euros a la Hacienda foral como responsabilidad civil.

``Diario de Noticias'' publicó en 2011 que trece años después del juicio la Hacienda navarra -de la que Urralburu fue máximo dirigente como presidente navarro entre 1984 y 1991- solo había recuperado, mediante embargos de cuentas, 14.279 de esos 530.000 euros. Es decir, menos de un 3%. El desglose resultaba aún más hiriente, dado que se había interceptado una cuenta del corrupto en Caja Madrid con 769,62 euros, otra posterior en el mismo depósito bancario por 988,20 euros, y un tercer embargo en una cuenta de Caja Navarra ¡de 4,03 euros!

En aquella época, según la misma información, Urralburu estaba haciendo algunas aportaciones mínimas a la Hacienda navarra: apenas 119,43 euros al mes. Todo ello pese a resultar conocido que trabajaba en un bufete de abogados de Madrid, donde fue contratado cuando todavía estaba en prisión. Como es norma, el expresidente navarro ha argumentado no disponer de más dinero. Pero aquellas aportaciones mensuales de 119 euros se correspondían con un sueldo de 1.039 euros. O sea, que el abogado Urralburu se presentaba ante la Justicia como mileurista.

Aparte de eso, lo poco que se recuperó de aquellas enormes «mordidas» por obras públicas (5% de las adjudicaciones según la sentencia, frente al 3% del que se habla en la Operación Púnica) fue el dinero interceptado por la Justicia suiza y entregado a la Audiencia Provincial de Nafarroa al inicio del caso. Se publicó que se rescataron 521 millones de pesetas, aunque de ellos solo 149 pertenecían a Urralburu porque los 373 estaban a nombre de su exconsejero de Obras Públicas Antonio Aragón, también condenado y encarcelado. A Luis Roldán, otro miembro de la trama, se le incautaron apenas 4 millones.

Urralburu se mantiene lejos de Nafarroa, aunque sacó la cabeza hace cuatro años en una entrevista para un libro que intentaba defender su figura. En ella decía el expresidente navarro, en la línea de Rajoy anteayer, «lamentar el error grave», pero reivindicaba que «cada día que pasa es más evidente que lo bueno que hicimos sobresale sobre estos hechos negativos tan graves». A partir de ahí, el fundador del PSN se dedicaba a cargar contra la izquierda abertzale y a presentarse como abanderado de la política de ilegalización con su agresividad en los años 80. R.S.