La razón es que Interpol España ha alegado ante su Secretaría General, con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de «genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra».

Se trata de la AG-2010-RES-10 suscrita por la Asamblea General de la Interpol, en su 79ª reunión, celebrada en Doha (Qatar) entre el 8 y el 11 de noviembre de 2010. Entre otras cuestiones acordaron seguir cooperando «en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo en el caso de que la solicitud se refiera a un ciudadano de otro país miembro, y este otro país miembro, al ser informado por la Secretaría General de la solicitud, proteste contra esta en el plazo de treinta días».

En aquella resolución, los países integrantes de Interpol se manifestaban «preocupados» por «el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que plantean dudas» así como «por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes».

Fue el pasado 4 de noviembre cuando la sección de Interpol radicada en Argentina cursó una comunicación «muy urgente» a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes cometidos durante el franquismo, entre los que se encuentran los ex ministros José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa.

No obstante, Interpol España alegó la citada resolución ante la Secretaría General, por lo que la petición de Argentina no se le ha aplicado el distintivo rojo que implicaría para ellos la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto. La aplicación de ese distintivo es competencia exclusiva de la Secretaría General de Interpol que, según las fuentes consultadas, ha decidido aceptar las reclamaciones de su oficina en el Estado español.

Las fuentes consultadas indican que Interpol España ya actuó de la misma manera cuando el año pasado la misma jueza solicitó la extradición de ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por delitos de torturas durante el franquismo, entre ellos el capitán Muñecas y José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.