Dos días después de que más de dos millones de catalanes desobedeciesen al TC y votasen en el proceso participativo del 9N, el presidente español, Mariano Rajoy, seguía mudo. De hecho, no estaba previsto que dijese nada hasta el domingo, cuando respondería desde Australia, donde tiene previsto participar en la cumbre del G-20. Acostumbrado a no exponerse ante la prensa si no es estrictamente necesario, algo ha provocado el cambio de planes del inquilino de la Moncloa, que ayer a última hora anunciaba una comparecencia para hoy a las 12.30 en la que valorará el contexto político actual, marcado por el avance del proceso soberanista. La inesperada convocatoria indica que en el Estado (y en Génova, donde se han escuchado críticas por la supuesta «inacción» del presidente español ante las urnas) se han encendido todas las alarmas. Casi en paralelo, está previsto que la Fiscalía Superior de Catalunya, por orden del Fiscal General del Estado, presente una querella contra Artur Mas y Joana Rivera por «desobediencia» a la suspensión de las urnas decretada por el TC.

Lo paradójico es que no fue la Fiscalía la que anunció la demanda, sino la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, quien ayer por la mañana ya daba por hecha la denuncia y aventuraba incluso los «delitos» que se incluirían en ella: cohecho, malversación de fondos públicos y desobediencia a los tribunales. Lo hizo en Telecinco, en una entrevista, donde dio por hecho las «sólidas bases» de una querella que no tendría por qué haber visto y repitió el argumentario unionista hacia el 9N, afirmando que no tiene «consecuencias legales y se traspasó una línea roja, que fue el incumplimiento de la resolución del Constitucional que prohibía al Govern liderar ese simulacro antidemocrático».

A la espera de la demanda

Aunque solo sea por guardar las formas, por eso de la supuesta separación de poderes, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, enfriaba al mediodía las urgencias de la líder del PP en Catalunya y aseguraba que los «tiempos» de la Justicia no se corresponden con los políticos. Aseguró que el Ministerio Público «investiga» desde el sábado y no puso fecha a la presentación de la querella. Por la tarde, sin embargo, fuentes jurídicas indicaban a la agencia Efe que esta podría estar lista para hoy mismo. El borrador habría sido redactado por la propia Fiscalía General del Estado y remitido a su sucursal en Catalunya para que esta la formalice. Cabe recordar que en el Estado existe relación jerárquica entre el Ministerio público y Justicia, por lo que la querella podría partir directamente desde la oficina de Rafael Catalá, responsable del departamento. Según estas fuentes, lo que se está debatiendo no es la demanda en sí, sino qué delitos se incluyen y a quién se imputa. En principio, serían «desobediencia» y «prevaricación» y se dirigirían contra Artur Mas y Joana Ortega, presidente y vicepresidenta de la Generalitat. Aunque solo se concretará cuando se conozca el contenido íntegro del texto.

El sábado, Fiscalía ordenó identificar tanto los centros que se abrieron el 9N como a sus responsables, tratando de meter miedo a última hora. Finalmente, Mas se presentó como «responsable» y no hay constancia de que los Mossos pidiesen filiación a las personas que abrieron los centros de votación, aunque sí elaboraron un informe sobre los colegios públicos.

Parece que la apuesta de Madrid no será distinta a la mantenida en los últimos meses: obviar los llamamientos al diálogo (ayer, el president remitió una carta a Rajoy para iniciar conversaciones que desemboquen en un referéndum legal) y recurrir a la Justicia. Una reacción que contradice incluso su intento de restar valor político a la consulta, a la que se intenta ridiculizar mientras se judicializa para eludir el origen político del conflicto con Catalunya.