En una comparecencia de prensa en Bilbo, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha declarado que, al desestimar la norma europea, el Supremo ha optado por «ponerse al servicio de la confrontación y del tensionamiento en vez de optar por la paz y la normalización política».

Arzuaga ha añadido que esta toma de decisiones deja claro que el Estado español busca «el perjuicio para el preso» dada la prolongación de su condena «de manera forzada».

A su vez, el parlamentario ha recordado que el Tribunal de Estrasburgo ya deslegitimó anteriormente este tipo de «estrategias de ingeniería jurídica» con la derogación de la llamada ‘doctrina Parot’, la cual «se soporta sobre razones muy similares a este caso», por lo que ha augurado que esta «revancha» del Gobierno de Madrid tendrá un final semejante.

Ahora, EH Bildu tomará las decisiones «necesarias» para «impugnar las decisiones que se toman de un tribunal arbitrario y político».

Aralar

Aralar, por su parte, ha mostrado su «total oposición y rechazo» a la decisión adoptada por el TS, lo que, a juicio de este partido, supone «una doble condena» para los presos.

«Nos encontramos una vez más ante un atentado jurídico del Estado español contra los derechos humanos y más en concreto contra ciudadanos vascos», ha manifestado la secretaria general de esta formación, Rebeka Ubera.

Aralar ha agregado que esta decisión va en contra de la legislación Europea, por lo que cree que, «como ha ocurrido en otras ocasiones», Estrasburgo «revocará la decisión».