El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, y el ex delegado del Gobierno español Mikel Cabieces, deberán comparecer hoy ante la Fiscalía de Bizkaia para explicar los pagos que la entidad financiera realizó al despacho de abogados con el que Cabieces mantenía una relación profesional.

Hasta el momento se desconoce el concepto por el que Kutxabank venía pagando desde hace tres años 6.000 euros mensuales al bufete Rafael Alcorta & Abogados, con el que la entidad mantenía supuestamente un contrato de «prestación de servicios jurídicos». Estos pagos suman una cantidad de 243.592 euros, que fueron devueltos por el propio Mario Fernández.

Mientras el Ministerio Fiscal investiga los hechos, y pese a que la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, lo negase expresamente el pasado martes, diversas fuentes coinciden en señalar que PP y PSE pidieron a Kutxabank que contratara a Cabieces, una vez finalizado su mandato como exdelegado del Gobierno español, aprovechando su experiencia como abogado laboralista de UGT, aunque no ejerce desde 1984. Para ello se utilizó el bufete de abogados de Rafael Alcorta, vinculado históricamente a BBK y amigo personal de Mario Fernández. Una práctica de «puertas giratorias» que los sindicatos ELA y LAB han vuelto a denunciar esta semana por ser utilizada por los políticos, tras su cese en la actividad pública, «para incorporarse a empresas a las que durante su mandato les han concedido un trato de favor».

El caso ha llegado hasta el Banco Central Europeo que, en su empeño por atajar la intervención de los partidos políticos en las entidades financieras, podría endurecer los requisitos para la creación del fondo de reserva, mecanismo establecido para evitar la reducción de la participación de las fundaciones en la entidad de crédito por debajo del 50%.

En este sentido, el BCE podría rechazar las alegaciones que han presentado las fundaciones en las que, para reducir la cuantía de dicho fondo de reserva, plantean que no existe concertación en la actuación de BBK, VItal y Kutxa, por lo que el fondo quedaría limitado a unos 300 millones, en lugar de 700.

Al resultar esta cantidad inalcanzable, las tres fundaciones estarían obligadas a rebajar a menos del 50% su participación en el banco, lo que obligaría «de facto» a dar entrada a accionistas privados y a su salida a bolsa.

Se espera que en las próximas semanas los supervisores bancarios se pronuncien sobre si las fundaciones actúan o no de forma concertada.

Responsabilidades

Fuentes no oficiales de Kutxabank consideran que esta situación se podía haber «reconducido» antes que de saltara a la luz, y responsabilizan de ello a los actuales presidentes tanto del banco, Gregorio Villalabeitia, procedente del BBVA, como de la fundación BBK, Xabier Sagredo.

Las mismas fuentes lamentan el descrédito que estos hechos supondrán para la entidad vasca, que en los test de estrés del pasado año obtuvo la calificación de entidad más solvente del sistema financiero español, y que a partir de ahora podría ser tratada por el BCE en los mismos términos que, por ejemplo, Caja Madrid.