Hobetuz ha respondido a la resolución del 3 de marzo de la Dirección General del Servicio Publico de Empleo Estatal-SEPE (antiguo INEM), dictada en ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional española, que exige a Hobetuz el reintegro de más de 25,7 millones de euros en un plazo de 15 días.

La Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, constituida por Confebask, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, además del Gobierno de Lakua, ha gestionado desde su creación en 1996 los fondos para la formación profesional continua de trabajadores ocupados procedentes tanto del INEM como del Ejecutivo autonómico (parte de estos últimos con origen en el Fondo Social Europeo).

La liquidación de esas partidas del Fondo Social Europeo de 1999 dio lugar al conflicto, ya que tanto la administración del Estado como la de la Comunidad Autónoma Vasca consideraron posteriormente que los excedentes resultantes eran suyos y los reclamaron para sí.

En mayo de 2002, Hobetuz, a instancias del propio Gobierno de Gasteiz, devolvió 16,3 millones como liquidación de las cantidades realmente transferidas a Hobetuz para abonar a los beneficiarios de las ayudas en el programa del Fondo Social Europeo 1997-1999, y lo realmente ejecutado y justificado por estos beneficiarios en las convocatorias. La sentencia reclama a la fundación la devolución de esos 16,3 millones, además de otros 9,4 millones en concepto de intereses.

Según ha aclarado la fundación, «Hobetuz ha destinado todos los fondos que ha recibido, tanto de la Administración central como de la autonómica, a la formación continua de personas trabajadoras, gestionando dichos fondos de acuerdo con convocatorias abiertas y publicadas en los correspondientes boletines oficiales».

Ha añadido que, en esa gestión, «ha devuelto a las Administraciones central y autonómica los fondos excedentarios», de la diferencia entre lo adjudicado a los beneficiarios y lo realmente ejecutado, «atendiendo al origen de los fondos recibidos».

En el caso de esta sentencia, Hobetuz «devolvió los fondos excedentarios de su convocatoria al Gobierno Vasco, que es de quien recibió los fondos» y no entiende la reclamación del Servicio Público de Empleo Estatal.

Por ello, el Patronato de la Fundación ha adoptado por unanimidad la decisión de agotar la vía judicial «al estimar que el reintegro no se acomoda a lo resuelto por la sentencia de la Audiencia Nacional» y solicitará la suspensión cautelar de la ejecución.

Además ha solicitado al Gobierno de Lakua que «adopte las medidas oportunas, incluidas las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, para evitar el perjuicio al que se vería sometida la Fundación si antes del 27 de marzo no se hace frente al pago».

Hobertuz ha abogado «por llegar a un acuerdo que permita mostrar por una parte su buen hacer y la transparente gestión de los fondos recibidos para Formación Profesional Continua, y por otra permita seguir con su labor normalizada de gestión de convocatorias de ayudas públicas para la formación de las personas trabajadoras».