El juzgado de Azpeitia presentó el pasado miércoles en el juzgado de Azpeitia la ampliación de la querella por el caso Bidegi, tras detectar «otros 10.253.000 de euros abonados por trabajos que no fueron ejecutados» en la AP1.

Según ha difundido Euskadi Irratia, el juzgado ha admitido a trámite la demanda.

Las supuestas irregularidades se habrían producido durante «la anterior legislatura en los trabajos de la AP1 del tramo Eskoriatza Iparra-Arrasate».

La Diputación ya presentó una querella criminal en noviembre por malversación de fondos, por pagar trabajos no realizados (valorados en 3,4 millones), y falsificación de documentos. Dicha querella fue aceptada a trámite por el juez, que ya tomó declaración a testigos e imputados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz foral, Larraitz Ugarte, ha confirmado esta admisión a trámite que conocieron ayer, y que se ha producido solo cinco días después de la presentación de la admisión de la querella. Considera por ello que el asunto se está abordando con seriedad en los tribunales y pide al PNV que lo saque del «rifirrafe partidista» y se posicione «con la responsabilidad» que requiere una cuestión que afecta al dinero público.

«Es muy fácil hablar de la corrupción en Madrid, pero aquí hay que hacer el mismo reproche social», ha respondido Ugarte a la portavoz jelkide en este asunto, Eider Mendoza. Le ha instado a que deje de presentar este caso como «un complot mundial» contra el PNV: «¿Acaso el juez es de EH Bildu? ¿Acaso el juez también participa de ese ‘matonismo’ y ‘caciquismo’ que dicen ver? No, estamos hablando de datos serios y de informes técnicos», ha añadido la portavoz y diputada de Gipuzkoa.

Ugarte ha avanzado que se prevé que en junio volverán a declarar los imputados por este asunto, además de los representantes de la empresa de peritaje que ha constatado pagos por obras no realizadas o infladas en seis puntos concretos de ese tramo Arrasate norte-Eskoriatza norte. Se apreciaron mediciones falseadas en zanjas para falsos túneles, terraplenes sobre boquillas, hormigón en túneles, excavación y suplemento de transporte por desprendimientos, relleno colocado en esos mismos desprendimientos y cemento inyectado en la zona. Seis partidas que totalizan 10,2 millones de euros pagados a las constructoras. Esa es la cantidad supuestamente malversada, que se añade a los 3,4 millones investigados ya en el Juzgado de Azpeitia desde diciembre.