Tanto el candidato de UPN, Javier Esparza, como la del PP, Ana Beltrán, vienen presentándose a lo largo de la campaña como adalides de la defensa del autogobierno y de los Fueros. La realidad, sin embargo, parece hacer honor al dicho, ya que tanto UPN, como sobre todo el PP, carecen de aquello de que presumen en la materia. Los datos hablan solos: en la última legislatura, el PP ha recurrido al Tribunal Constitucional hasta 15 iniciativas legislativas del Parlamento navarro, la mayoría de las veces con la bendición de UPN, que ha aceptado renunciar a cualquier atisbo de soberanía que pudiese todavía retener el Parlamento foral.

Dicho de otra manera, doce jueces de un tribunal escogido a dedo y manifiestamente politizado (su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del PP y magistrado del Constitucional al mismo tiempo) mandan más que los 50 diputados democráticamente elegidos del Parlamento navarro. Así de claro ha quedado con casos como la Ley que obligaba a la Iglesia Católica a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), anulada por el TC aduciendo que la norma navarra vulneraba el Concordato de 1979. Lo mismo ha ocurrido con leyes fundamentales para favorecer la autonomía y el desarrollo local, como es la norma que permitía a los Ayuntamientos un mayor margen para el endeudamiento.

Leyes de capital importancia en el terreno de la política energética también han sido declaradas inconstitucionales, como ocurrió con la Ley foral del impuesto sobre creación de energía eléctrica (el TC consideró que invadía competencias estatales) y con la Ley aprobada en el Parlamento navarro contra el uso de la fractura hidráulica para extraer gas no convencional, es decir, el Fracking. Fue declarada inconstitucional también por supuesta invasión competencial.

A vueltas con la función pública

El Tribunal Constitucional también ha tumbado varias iniciativas navarras relacionadas con la función pública, empezando por el complemento que el Parlamento foral acordó pagar a los funcionarios a cambio de la paga extra. A instancias del PP, los 12 jueces tumbaron meses después el proceso de funcionarización de la Administración. En este campo, finalmente, el TC también echó atrás la Ley que equiparaba el sueldo de los trabajadores de justicia y el de los funcionarios.

Y así ya van seis las leyes navarras tumbadas por el máximo tribunal español. Pero la suma sigue y encontramos dos nuevos ejemplos relacionados con el patrimonio. El Constitucional mantiene suspendida una de las normas más progresistas aprobadas por el Parlamento foral, como es la llamada Ley antidesahucios, que permitía expropiar viviendas a los bancos para evitar desahucios. También sigue suspendida la iniciativa que fomentaba la búsqueda de patrimonio sin dueño para que pasase a manos del Gobierno navarro. En estos casos, el TC no se ha pronunciado todavía definitivamente sobre las leyes, pero las tiene suspendidas cautelarmente hasta que no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

En la misma situación de suspenso cautelar están otras dos normas: la que eximia del copago farmacéutico a los mayores de 65 años y la Ley que regulaba los clubes de cannabis en Nafarroa. El TC suspendió esta norma hace apenas un mes, después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado, una vez más, por el Gobierno español.

Pequeñas excepciones

Aunque todavía no ha emitido la sentencia definitiva, el TC sí que ha levantado la suspensión cautelar sobre dos normas recurridas por la Moncloa: la Ley de comercio que ponía límites a la apertura de los comercios en días festivos, y parte de la Ley que garantiza la sanidad universal, concretamente la medida que garantiza la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles. Estas dos normas siguen recurridas ante el TC, que sin embargo levantó la suspensión inicial decretada al admitir a trámite los recursos.

Y finalmente, como excepción que confirma la regla, el TC ha dado en los últimos años la razón en dos ocasiones al Parlamento navarro en contra del recurso del Gobierno del PP. Es el caso de la Ley que crea un registro de médicos objetores de conciencia al aborto (el TC consideró que no vulnera ningún derecho fundamental) y de la Ley de fundaciones que regula los órganos de determinadas fundaciones como la de la CAN.